| SALADITA:
DESESTIMARON RECURSO DE AMPARO
La "saladita" de Manny y Guillermon comenzo a instalarse en el mes de agosto de 2010, aunque ya existia la ley provincial que prohibia la habilitacion de este tipo de emprendimientos. El 19 de noviembre, varios dias despues que el H.C.Deliberante aprobara una ordenanza regulando la actividad, sus propietarios y puesteros organizaron escraches a domicilios particulares de concejales. Al dia siguiente, el intendente interino Anghileri firmo un decreto autorizando su funcionamiento por 60 dias, que luego fueron convertidos en casi noventa pues, expresaron, se "cuentan solo dias habiles". Pese
a la plena vigencia de la ley provincial, se defendio la medida
sosteniendose la "autonomia municipal" Finalmente, el sabado 12 de marzo y luego que inspectores municipales se retiraran del predio procediendo a su clausura ante el incumplimiento de lo normado por la ordenanza y falta de la habilitacion de Bomberos de la provincia de Buenos Aires, se genero una violenta discusion entre propietarios y puesteros que comenzaron a retirar sus mercaderias. La gresca culmino con un tiroteo en el predio, corridas y corte del bulevard Irigoyen en medio de un escandalo policial. Desde entonces, la "saladita" permanecio cerrada y sin actividad. El 30 de marzo la sociedad "SAN PATRICK" presento una accion de amparo solicitando se declarara nula la Ordenana Nº 3506, sancionada el 8 de septiembre de 2010 regulatoria de este tipo de emprendimientos, invocando que siendo de "imposible cumplimiento, "restringia y vulneraba su derecho de trabajar, y de ejercer actividad licita, derechos y garantias estos, consagrados constitucionalmente". Asimismo, se solicitaba una medida de no innovar "suspendiendo los efectos de la ordenanza y de toda reglamentacion dictada en consecuencia por la Municipalidad de General Rodriguez" La juez Mabel A. Scasso del Juzgado Civil y Comercial Nº 7 se expidio el 4 de abril resolviendo inhibirse de entender en las actuaciones, remitiendolas al Juzgado Contencioso Administrativo; desestimando la medida de no innovar invocada por "SAN PATRICK", dado que las normas cuestionadas emanaban de actos administrativos y legislativos que gozaban de presuncion de legalidad; no configurando arbitrariedad ni ilegalidad manifiesta que vulnerara los derechos invocados. La juez, en su sentencia entiende y concluye que no surge del escrito presentado, ni tampoco de la documentacion acompañada, la existencia de "elementos con entidad suficientes que permitan sostener «prima facie», que el H.C.Deliberante, en uso de sus facultades propias, hubiera obrado con arbitrariedad e ilegalidad manifiesta en el dictado de la ordenanza cuya suspension se pretende, lo cual torna inviable la medida cautelar requerida, por lo que no corresponde proceder a su acogimiento". Uno de los puntos que seria saludable dilucidar se encuentra referido a quien se presenta como "actora": "SAN PATRICK"; un nombre que no figura, al menos, en los pedidos de solicitud de prorroga efectuados al H.C.Deliberante. Cabe preguntarse con que legitimidad fueron hechas las presentaciones y si se acompaño algun tipo de poder para representar al emprendimiento comercial y, ademas, concretamente a favor de quien, quienes o que persona juridica fueron otorgados estos beneficios y, naturalmente, si estuvieron correctamente concedidos. Sin embargo, mas alla del derecho de acudir a las vias legales ante una pretendida vulneracion de derechos; procediendo con sano juicio juridico, era previsible el rechazo de lo solicitado por esta entidad. Constituyendo este nuevo tropiezo para la «saladita» de General Rodriguez un nuevo eslabon en su desafortunada trayectoria. Una trayectoria esencialmente erratica y constantemente equivoca en su actuacion, que una vez mas le ha costado, segun informacion, una considerable cantidad de dinero; que se suma a otros "gastos" que sus propietarios y puesteros han debido asumir sin haber hallado nunca soluciones coherentes y legales a sus propios problemas. Solamente la brutalidad, ignorancia, necedad, torpeza y soberbia de sus organizadores, junto a la mala fe de los chantajistas y extorsionadores que los alentaron y luego defraudaron; hicieron imposible que un emprendimiento comercial, aunque discutido y cuestionado, tuviera buen termino generando fuentes de trabajo en el distrito. Estafadores y estafados, tanto propios como ajenos, se enmarañaron en una inextricable y embrollada urdiembre de confusion e intriga; de acuerdos, negociaciones y alianzas, cumplidas e incumplidas; que empeoraron -dinero y egoistas intereses de por medio- dia a dia; perjudicando a los verdaderos damnificados, los trabajadores, al tiempo que abochornaban la dignidad de una comunidad y sus instituciones. En definitiva, la ya tristemente «saladita», lejos de convertirse en emblema de progreso y prosperidad; se transformo, gracias a la generosa contribucion de los factores mencionados, en una verdadera y olvidable pesadilla, de la cual, apenas un puñado de tramposos, extrajeron algun beneficio. 4 de abril de 2011 AUTOS
Y VISTOS: 2) En el presente caso, la actora recurre a la acción de amparo a los efectos de que se declare la nulidad de la Ordenanza nº 3506 sancionada en fecha 8 de setiembre de 2010, por el Honorable Concejo Deliberante de la ciudad de General Rodríguez, en cuanto establece pautas e imposiciones para la radicación, funcionamiento y habilitación de comercios denominados "ferias comerciales", "ferias internadas", "paseos de compras", "shopping", etc", que la accionante considera de imposible cumplimiento, lo cual restringen y vulneran su derecho de trabajar y de ejercer actividad lícita, derechos y garantías éstos, consagrados constitucionalmente.- 3) En la especie, atento la índole del derecho subjetivo que resulta vulnerado y encontrándose en juego disposiciones regidas por el derecho administrativo, queda claro por ende que se trata de un reclamo cuyo tratamiento queda reservado a la órbita de la justicia contencioso administrativa, pues si bien es cierto que la ley específica de la materia que ha regulado lo referente a la acción de amparo durante largos años (7166), dispuso que cualquier Juez o Tribunal Letrado de primera o unica instancia será competente para entender en las acciones de la naturaleza de la presente, criterio que también fue contemplado en el art. 20 de la Constitución Provincial, como en la redacción de la ley 13.928 (nueva ley de amparo); a criterio de la infrascripta tal amplitud no puede hacerse extensiva cuando ello importa quebrantar lo atinente a la distribución de competencia por la materia, debiendo en consecuencia inhibirme de entender en autos, remitiendo las actuaciones al Juzgado Contencioso Administrativo Departamental.- 4) Ahora bien, no obstante que a tenor de lo normado por el art. 196 del rito, en cuanto establece que los jueces deberán abstenerse de decretar medidas precautorias, cuando el conocimiento de la causa no fuese de su competencia, lo cierto es que los presentes actuados han quedado radicados ante este juzgado, con lo cual, tratándose de una acción de amparo, teniendo en cuenta que se encuentra en juego un tema referente a la libertad de trabajar y de ejercer industria o actividad lícita, de reconocimiento constitucional, corresponde el tratamiento de la medida cautelar planteada por la actora (doct. art. 12 del CPCC), pues en tal sentido se ha sostenido "Si el juez decide declararse incompetente de oficio, ello no constituye un obstáculo para que se expida sobre la procedencia de la medida precautoria solicitada en la demanda, puesto que el art. 196 del CPC tácitamente admite su dictado. Máxime en aquellos supuestos en los cuales la demora de su remisión al juez competente, puede tornar ilusorio el derecho que se pretendía cautelar." (CC0102 MP 97397 RSI-242-96 I 2-4-1996CARATULA: Lauletta, Alfredo s/ Medidas cautelares MAG.
VOTANTES: Oteriño-Dalmasso-Zampini).-.......................................... Sobre
este piso de marcha, cabe poner de resalto que si bien la acreditación
de los recaudos de procedencia de las medidas cautelares (verosimilitud
del derecho y peligro en la demora), funcionan como un sistema de
contrapesos, es decir, no se requiere como condición "sine
qua nom" la acreditación acabada de ambos, sino que
cuanto mayor se encuentre acreditado uno de ellos, menos exigentes,
corresponde ser con la configuración del restante, no es
dable soslayar que cuando se trata del dictado de una medida de
no innovar, que pretende la suspensión de un acto administrativo
o legislativo dispuesto por órganos públicos órganos,
en uso de sus facultades regladas, que gozan de presunción
de legalidad, "...se impone una apreciación rigurosa
de los requisitos de admisibilidad -verosimilitud del derecho y
peligro en la demora- de los que surja acreditada "prima facie"
la ilegalidad o arbitrariedad manifiesta y un cuidadoso resguardo
de los intereses públicos comprometidos. Que en tales casos,
la verosimilitud del derecho es vinculada a la existencia de un
vicio notorio, de una arbitrariedad o ilegalidad manifiesta o de
una violación legal patente.-(CC0201 LP 100299 RSI-4-3 I
21-1-2003CARATULA: Algabo S.A c/ Honorable Consejo Deliberante s/
Amparo MAG. VOTANTES: Marroco-Sosa)" 6)
En el caso de autos, dentro del análisis que corresponde
efectuar a esta altura de los acontecimientos, a entender de la
infrascripta no surge del escrito de demanda ni de la documentación
acompañada, elementos con entidad suficientes que permitan
sostener "prima facie", que el Honorable Concejo Deliberante,
en uso de sus facultades propias, hubiera obrado con arbitrariedad
e ilegalidad manifiesta en el dictado de la Ordenanza cuya suspensión
se pretende, lo cual, torna inviable la medida cautelar requerida
, por lo que no corresponde - en éste estadío y ante
tales circunstancias- proceder a su acogimiento ( arts. 195,230
y concs. del C.P.C.C.). - F A L L O: 1º)
Inhibirme de entender en las presentes actuaciones y previa baja
de los registros del Juzgado y con conocimiento de Receptoría
General de Expedientes, remitir las mismas al Juzgado Contencioso
Administrativo Departamental.- |
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