GRISELDA SAISI DESMIENTE "CRISIS POLÍTICA"
La Dra. Saisi explicó que su diálogo con Anghileri se debió a la sentencia que establece su reincoporación a la planta municipal, tras ser despedida por Di Landro y disuelto el juzgado de Faltas

El miércoles 17 de agosto de 2011 Rodolfo Belloli del programa Despierta Rodríguez dialogó con la doctora Griselda Saisi a raíz de una conversación mantenida entre la presidente del H.C.Deliberante y el intendente interino Juan P. Anghileri sobre la sentencia que le reconoce la reincorporación a un rango similar al detentado al momento de su expulsión del Municipio durante la gestión del ex intendente Oscar Di Landro.

El llamado de la doctora Saisi originó una serie de rumores en la política local que desmintió durante la conversación con Belloli.

Al parecer el llamado de la doctora Saisi se había efectuado justamente en el momento en que Anghileri mantenía una reunión con los demás candidatos del Frente para la Victoria, luego de los resultados del día domingo, con la intención de incorporarlos a su proyecto personal; desde donde habría trascendido públicamente

Saisi explicó la naturaleza de la sentencia desmintiendo la existencia de una "crisis política".

Diez años atrás, Di Landro decidió disolver el Juzgado de Faltas por medio de un decreto, desplazándola de su cargo y echándola del Municipio, conculcando sus derechos constitucionales y vulnerando, entre otros derechos, la estabilidad laboral de los empleados públicos.

Ante esta situación, la doctora Saisi interpuso una acción de amparo ante la Suprema Corte de Justicia bonaerense, en enero del año 2002, la que debería haber resuelto en 24 horas, ante el grave riesgo de verse perjudicada en sus garantías constitucionales, ""Pero la corte se toma su tiempo, y resolvio recién ahora".

La sentencia establece la reincorporación de la doctora Saisi desde el primer dia desde su despido, declarando el decreto nulo de nulidad absoluta; debiéndosela integrarla a la planta municipal con el mismo rango, la misma remuneración y los mismos beneficios de al tiempo de cese. Tal rango corresponde al de un secretario, según explicó Saisi, "Lo que no significa que vaya asumir como secretaria, que es un cargo político, el rango es en planta permanente" debiéndosele abonar los haberes caídos desde el primer día.

Esta sentencia, con fecha 16 de junio, le es notificada el viernes 5 de agosto, otorgándosele al Municipio el plazo de 30 días hábiles para cumplirla.

Entonces, "Yo tengo que tener una charla con el intendente, se llame como se llame, el nombre es intrascendente...." manifestando que lo había llamado el martes, sin lograr mantener una conversación, la que se logró finalmente esa misma mañana.
Saisi señalo que debía comunicarse con Anghileri para conocer la actitud del Municipio al respecto.

"Podía haberlo hecho a través de mi abogado, pero decidí hacerlo personalmente. Fue una primera charla, estoy esperando los resultados."

De todos modos, señalo que "No hay que confundir la política con una sentencia judicial, ni usar esto políticamente.
Es un momento crítico, pero la sentencia salió recién ahora.
Esta situación me ha causado un gravamen irreparable, por eso lo quiero solucionar lo antes posible... hace diez años que espero esta resolución"

Agregando que "Se trató de una conversación, nada más, que no pasa por los resultados de la elección", aclarando que no había recibido ningún tipo de presión para dejar el cargo que ocupa actualmente.

De ahora en más, "Esto depende del intendente, y resolveré en consecuencia. Esto depende del Ejecutivo, y de acuerdo a esta decision será lo que yo deba hacer", indicando que en esta ocasión no se le había contestado fehacientemente: "Esto no se solucionará rápidamente, llevará su tiempo. El juzgado está disuelto, y así como el Deliberante lo puede crear lo puede también disolver. De todos modos, seguiré en mi lugar hasta que esto se resuelva.
No estoy distanciada de nadie; ni del doctor Sergio Maffía ni de mis compañeros, no hay tal crisis política; simplemente hay una sentencia judicial que se debe cumplir... esto no va más allá".

La sentencia establece lo siguiente: "Por los fundamentos expuestos en el acuerdo que antecede, se hace lugar a la acción de amparo interpuesta con el alcance determinado, por mayoría, en los considerandos precedentes. En consecuencia, se declara la nulidad del decreto municipal 1097/2001 y se condena a la demandada a designar a la actora en la planta permanente del Departamento Ejecutivo municipal, a partir del día inmediato siguiente a su cese como Jueza Municipal de Faltas, manteniendo su remuneración y demás condiciones reconocidas para el otrora cargo desempeñado, medida que deberá hacerse efectiva dentro de los treinta días de quedar firme la sentencia (art. 14 de la ley 13.928).
Cesen los efectos de la medida cautelar dispuesta a fs. 64/72.
Con costas a la demandada (art. 19, ley 13.928 -texto según ley 14.192-).
Por su actuación profesional en autos, regúlanse los honorarios de los abogados de la parte actora, doctores Roque Enrique Ruiz e Ignacio Adrián Sisro, en las sumas de pesos tres mil quinientos setenta y pesos cuatrocientos setenta, respectivamente (arts. 9, 10, 14, 15, 16, 21, 22, 49 y 54, dec. ley 8904/1977), cantidades a las que se deberá adicionar el 10% (art. 16, ley 6716 -t.o. decreto 4771/1996 y sus modificatorias-) y el porcentaje que corresponda según la condición tributaria de los mencionados profesionales frente al Impuesto al Valor Agregado."
 
 
La doctora Griselda Saisi formula declaraciones en Despierta Rodriguez

EL FALLO COMPLETO

B-63590 "SAISI GRISELDA C/ MUNICIPALIDAD GRAL.RODRIGUEZ S/ AMPARO"
LA PLATA, de A C U E R D O
En la ciudad de La Plata, a de de dos mil once, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación doctores Genoud, de Lázzari, Soria, Negri, Hitters, se reúnen los señores jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa B. 63.590, "Saisi, Griselda contra Municipalidad de General Rodríguez. Acción de amparo".


A N T E C E D E N T E S


1. La actora, por derecho propio, promueve acción de amparo ante el juez de grado, agraviándose de la supresión del Juzgado de Faltas de la Municipalidad de General Rodríguez dispuesta por la ordenanza municipal 2813/2001, cuya validez constitucional cuestiona, y del decreto 1097/2001, en cuanto dispuso el cese de sus funciones como titular del organismo suprimido.

Alega que la ordenanza municipal que impugna encubre la sustitución del "jurado de enjuiciamiento" previsto por el art. 23 de la ley 8751/1977 -Código de Faltas Municipales-, en claro apartamiento de las potestades públicas municipales y con grave menoscabo de las cláusulas constitucionales que hacen a las garantías y derechos constitucionales derivados de los arts. 11, 15, 20 inc. 2, 57 y sigtes. de la Constitución provincial y 14, 14 bis, 18, 28, 31, 43 y concs. de la Constitución nacional.

Solicita, a título cautelar, la suspensión de la ejecutoriedad de la ordenanza municipal y del decreto mencionados y se ordene de inmediato la restitución al cargo con el correspondiente derecho a percibir el salario.
2. El magistrado que previno, advirtiendo que podría encontrarse comprometida la competencia atribuida a esta Suprema Corte sobre la materia contencioso administrativa, resolvió elevar las actuaciones a fin de que sea este Tribunal, quien dirima la cuestión de competencia suscitada en los términos del art. 6 de la ley 2961.
3. Por medio del pronunciamiento de fecha 29-V-2002, esta Corte resolvió declarar propio de su competencia originaria el conocimiento de la cuestión litigiosa y radicar la causa ante sus estrados (v. fs. 25).
4. Mediante el pronunciamiento que obra agregado a fs. 64/72, el Tribunal -por mayoría- hizo lugar a la medida precautoria solicitada, ordenando a la Municipalidad de General Rodríguez que, con carácter cautelar y hasta tanto se dicte sentencia definitiva en este juicio, reincorpore a la accionante a los cuadros municipales, asignándole funciones de rango y remuneración equivalentes a las que cumplía al tiempo del cese. En el mismo acto, el Tribunal requirió el informe previsto en el art. 10 de la ley 7166 (por entonces vigente).
5. A su turno, se presentó la Municipalidad de General Rodríguez y dio cumplimiento a dicho requerimiento. En su escrito desarrolló argumentos acerca de la validez constitucional de la ordenanza impugnada y solicitó el rechazo de la acción de amparo con sustento en la inidoneidad de esa vía para tutelar los derechos que se reputan vulnerados.
6. Agregadas las actuaciones administrativas, producida la prueba ofrecida y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte decidió plantear y votar la siguiente
C U E S T I Ó N
¿Es fundada la demanda?

V O T A C I Ó N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. Señala la actora que por la ordenanza 1549/88 fue creado el Juzgado de Faltas de la Municipalidad de General Rodríguez y que mediante el decreto 586 fue designada como su titular, cargo que ocupó hasta el año 2001, en que fue sancionada y promulgada la ordenanza 2813/2001 que dispuso el cese del funcionamiento del mentado juzgado a su cargo, atribuyendo la "función jurisdiccional" en la materia al Intendente municipal. Agrega que como consecuencia del acto anterior el Intendente municipal por decreto 1097/2001 resolvió separarla del cargo que ostentaba.

Arguye que tales actos lesionan la inamovilidad de la función jurisdiccional que la ley 8751/1977 confiere a los jueces de faltas, así como también el derecho a la estabilidad del empleado público. Denuncia que mediante el cese así decretado, la autoridad demandada pretende sustituir la modalidad de remoción prevista en el art. 23 de la ley 8751/1977 -jurado de enjuiciamiento- vulnerando cláusulas constitucionales que hacen a las garantías y derechos fundamentales derivados de los arts. 11, 15, 20 inc. 2, 57 y siguientes de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y 14, 14 bis, 18, 28, 31, 43 y concs. de la Constitución nacional.

Destaca que la composición del jurado en cuanto se integra con miembros del Poder Judicial del Colegio de Abogados y del Departamento Deliberativo garantiza el derecho de defensa del imputado y tiende a evitar remociones encubiertas en infracción a la ley.
Alega que la omisión en el cumplimiento a dicha normativa en relación a las causas y a los procedimientos de destitución de los jueces de faltas consuma la ilegalidad y arbitrariedad manifiesta que denuncia. En ese contexto reclama la anulación de los actos impugnados por las siguientes razones: ausencia de los dictámenes técnicos de los organismos municipales pertinentes; inexistencia de las causales previstas en el art. 22 de la ley 8751/1977 y la virtual sustitución por parte del Concejo Deliberante del Tribunal de Enjuiciamiento previsto en el art. 23 del citado cuerpo legal.

Entiende, desde otra mira, que la ordenanza impugnada adolece de desviación de poder por cuanto encubre una finalidad distinta de la perseguida por el ordenamiento jurídico a que se hace mención como fundamento legal. A su entender, deja traslucir un reproche encubierto de la baja recaudación de fondos cuando en rigor la Justicia de Faltas no debería perseguir un cometido recaudatorio sino una finalidad preventiva.
Recuerda que el art. 14 inc. "b" in fine de la ley 19.549 -vigente en el orden nacional- califica de nulo de nulidad absoluta e insanable al acto administrativo que haya sido dictado mediando desviación de poder.

Puntualiza que la ordenanza en crisis importa la consumación de un jury encubierto, que a su entender comenzó bajo la actuación que individualiza y que no llegó al tratamiento adecuado por falta de causa, por no existir mérito alguno para enderezarlo, además de no contar con el quorum que requiere la ley para que se lleve a cabo el proceso de enjuiciamiento.
Opina que como la autoridad demandada no pudo destituirla del cargo bajo los términos del dec. ley 8751/1977 optó, mediando evidente desviación de poder, por la supresión del Juzgado con el claro objetivo de producir su baja en la función jurisdiccional.
II. Por su parte, el apoderado de la comuna demandada sustenta la validez constitucional de la ordenanza municipal 2813/2001 en la doctrina del tribunal según la cual una vez creados los juzgados de faltas municipales no pueden válidamente suprimirse en el marco normativo vigente sino a través del Concejo Deliberante. En este aspecto, destaca que la supresión del mentado órgano en el ámbito de la Municipalidad de General Rodríguez en tanto fue creado por las ordenanzas 1549 y 1586 y suprimido por la posterior 2813/2001 respeta el principio de "paralelismo de las competencias".
También ratifica la validez de los decretos 231/2002 y 232/2002, en cuanto importan la asunción de la jurisdicción en materia de faltas por parte del Intendente municipal.
Alega que el Código de Faltas no ha organizado una suerte de "Poder Judicial Municipal" dotado de la independencia que caracteriza a los órganos jurisdiccionales. Aclara que el juzgamiento de las faltas se confiere tanto a los intendentes como a los jueces de faltas y sus decisiones están sujetas -con idéntico alcance y efectos- a revisión de los jueces en lo Criminal y Correccional.
Esgrime que con arreglo a la doctrina de la Suprema Corte sentada en la causa "Pizarro", los juzgados que componen la Justicia municipal de Faltas no integran el Poder Judicial de la Provincia y las funciones que ejercen y el grado de independencia con que el legislador los ha dotado no alteran su calidad de órganos administrativos municipales.
Pone de manifiesto que al concluir el mandato del por entonces Intendente municipal -Oscar Di Landro- también dejaron de pertenecer al Plantel de Personal de la comuna el doctor Raúl Roldán, quien se desempeñaba como Secretario Legal y Técnico, asumiendo en esa función quien aquí se presenta como Director de Asesoría Legal. Si bien dice que con dicha aclaración no pretende eludir la responsabilidad que cabe a la comuna por la cesantía de la que fue objeto la actora, manifiesta que aunque ratifique la legitimidad de la ordenanza desconoce las motivaciones y fundamentos que llevaron a los anteriores funcionarios a dictar el decreto 1097/2001
Admite que con motivo del cierre legítimo del Juzgado de Faltas debió incorporarse a su titular al Departamento Ejecutivo, reconociendo la estabilidad del empleado público, salarios y funciones profesionales como abogada.
Por último, denuncia que luego del ingreso de la actora en el ámbito de la Secretaría Legal y Técnica de ese municipio -en cumplimiento de la medida cautelar decretada en autos-, se presentó en las elecciones que se llevaron a cabo el 14 de septiembre de 2003 como candidata a concejal por el partido "PAUFE", resultando finalmente electa. Explica que al asumir sus funciones solicitó acogerse a la reserva del cargo prevista en el art. 17 de la ley 11.757, petición a la que el Intendente entrante hizo lugar.
Advierte sobre el negligente comportamiento procesal puesto de manifiesto por la actora a partir de agosto del 2003 y expresa que ello, sumado al hecho de haber omitido la accionante comunicar al Tribunal su asunción al cargo de concejal, trasunta la falta de interés en la resolución del presente juicio. Todos hechos que, en su opinión, justifican la improcedencia de la vía intentada y, por tanto, el rechazo de la demanda.
III. Se cuestiona en autos la validez constitucional de la ordenanza 2813/2001 en cuanto resolvió la supresión del Juzgado de Faltas de la Municipalidad de General Rodríguez, cuya titularidad ejercía la aquí actora, y la asunción de su competencia por el Departamento Ejecutivo municipal. La impugnación se hace extensiva al decreto 1097/2000 -dictado por este último- por el que se dispuso el cese de la accionante en el referido cargo.
Tuve oportunidad de analizar la cuestión que se ventila en autos al votar en la causa "Sebey" (B. 57.454, sent. del 1-III-2004) en la que conformé, con mi adhesión a los fundamentos del voto del doctor Negri, la postura mayoritaria del Tribunal.
Sin dejar de advertir que existen entre aquel precedente y los antecedentes fácticos y jurídicos que se presentan en la especie algunas diferencias, me permito recordar las consideraciones y fundamentos vertidos por el distinguido colega que votara allí en primer término, acerca de la actual organización de la Justicia de Faltas en la Provincia de Buenos Aires instituida por el dec. ley 8751/1977, enmendado posteriormente por la ley 10.269/1985, sistema que modificó la escasa reglamentación que sobre el punto traía el dec. ley 6769/1958 (arts. 162 a 164).

El llamado Código de Faltas Municipales prevé que el Juzgamiento de éstas estará a cargo de la justicia de faltas "... cuya organización, competencia, régimen de sanciones y procedimientos se regirán por la presente ley" (art. 18). También dispone que la jurisdicción en esa materia será ejercida por los jueces de faltas en aquellos partidos en los que el Departamento Deliberativo hubiere dispuesto la creación de juzgado de faltas, por los intendente, en los partidos donde no hubiere juzgados de faltas o donde los hubiere en los casos de excusación de éstos y, en grado de apelación, por los jueces de primera instancia en lo penal -actualmente en lo criminal y correccional- (art. 19).
El mismo ordenamiento, tras consagrar los requisitos para ser juez de faltas, prevé que éstos serán designados por el Intendente municipal, previo acuerdo del Concejo Deliberante (art. 21), determina expresamente su inamovilidad del cargo y regla un procedimiento especial de remoción (arts. 22 a 25), así como aspectos vinculados con la remuneración que no podrá ser disminuida mientras permanezcan en las funciones (art. 26).
Como ha sostenido este Tribunal -con otra integración- sea cual fuere la naturaleza de la Justicia de Faltas desde el punto de vista de la organización institucional de los municipios de la Provincia de Buenos Aires, el citado ordenamiento legal (Código de Faltas: dec. ley 8751 y ley 10.269) ha instaurado un órgano dotado de alguna autonomía funcional y de cierta independencia en relación a los dos departamentos que componen la Municipalidad (causa B. 57.251, "Dragui", sent. del 30-VI-1998).

En cuanto a la creación, establece que sólo puede ser dispuesta por el Concejo Deliberante (art. 19 "a") y para la designación de los jueces dispone que es necesario el concurso de ambos departamentos (art. 21). Estas reglas procuran dotar al órgano encargado de juzgar las faltas municipales de cierta independencia y la misma finalidad persiguen las normas que consagran la inamovilidad y la intangibilidad de la remuneración de su titular.
Los principios que fluyen del sistema legal citado determinan que si el Juzgado de Faltas fue creado por ordenanza del Concejo Deliberante y su titular fue nombrado por el Intendente municipal -previo acuerdo del citado cuerpo colegiado- no puede ser suprimido por decisión del Departamento Ejecutivo, sin menoscabo de las normas que al respecto consagran distintos aspectos de ese organismo. Se sostuvo en la mentada causa, con sustento en otros precedentes, que para el caso de admitirse la posibilidad de que una vez creados los juzgados de faltas municipales pudiera válidamente suprimírselos, ello sólo podría hacerse, en el marco normativo vigente y en virtud del principio del "paralelismo de competencias", por el Concejo Deliberante (causa B. 57.912, "Concejo Deliberante de Coronel Suárez c/Municipalidad de Coronel Suárez s/Conflicto art. 196 Const. prov.", res. del 6-V-1997).
IV.1. A fin de desentrañar la cuestión es menester efectuar la siguiente compulsa de circunstancias que a mi juicio resultan relevantes:
a) el Juzgado de Faltas de la Municipalidad de General Rodríguez fue creado por la ordenanza 1549 emanada del Concejo Deliberante el 13 de agosto de 1987 -promulgada por decreto 2829/1987- y su titular fue designado por el Intendente municipal -previo acuerdo del Departamento Deliberativo-, nombramiento que recayó en la abogada Griselda Noemí Saisi -ordenanza 1602 del 28-III-1988, promulgada por decreto 308/1988- (v. fs. 177 y sigtes.).
b) El 19 de diciembre de 2001 el Intendente municipal presentó un proyecto de ordenanza ante el Concejo Deliberante, en el que propone el cese del funcionamiento del Juzgado de Faltas.
En sus considerandos alude el Jefe comunal a que "... el Juzgado Municipal de Faltas con su actual estructura no ha satisfecho los objetivos que inspiraron su oportuna creación", que "... la situación planteada en esta administración comunal en relación el Juzgado Municipal de Faltas resulta bastante similar a lo que ocurre con otros municipios bonaerenses y con similar organismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires" y que "... la legislación vigente permite que la función jurisdiccional en materia de faltas pueda ser ejercida por el Intendente Municipal".
c) El Cuerpo Deliberativo aprobó en sesión extraordinaria del 21 de diciembre del mismo año la ordenanza 2813 que resolvió -en idénticos términos a los propuestos en el proyecto antecedente- i) disponer el cese del funcionamiento del juzgado municipal; ii) atribuir la función jurisdiccional en la materia al Intendente municipal; iii) suprimir el cargo de juez de faltas.
d) Pocos meses después, el 25 de abril de 2002 el mismo Cuerpo elevó a la Cámara de Apelaciones en lo Penal del Departamento Judicial de Mercedes en los términos del art. 24 del dec. ley 8751, los expedientes administrativos originados con motivo del procedimiento iniciado anteriormente a la doctora Saisi por su presunta res-ponsabilidad en su actuar como jueza de faltas de la comuna (v. resolución 551 obrante a fs. 121 del expte. adm. 4050-3161/2001), quedando radicadas las actuaciones en la Sala II de ese Tribunal.
Cabe hacer notar que en dichas actuaciones la accionante se presentó, por apoderado, y denunció en dicho proceso el dictado de la ordenanza que cuestiona, así como también el decreto de su cese -v. fs. 127-, hechos que los representantes del cuerpo deliberativo comunal no habían comunicado en su oportunidad al órgano judicial que intervino.
Ese trámite culminó con el pronunciamiento del 4 de junio de 2002 que resolvió la improcedencia del planteo formulado por el Concejo Deliberante y ordenó disponer el cierre y archivo de las actuaciones con invocación de los arts. 23, 24 y 25 -a contrario- del dec. ley 8751/1977 (v. fs. 155 y sigtes.).
e) Por otra parte, con motivo de la supresión del Juzgado de Faltas dispuesto por la ordenanza 2813, el Intendente municipal mediante decreto 1097 del 28 de diciembre de 2001, resolvió el cese de la doctora Saisi en el cargo y funciones de jueza municipal de faltas, a partir del día 31 del mismo mes y año, para el que fuera designada mediante decreto 586/1988 (v. fs. 136).
f) A renglón seguido por decreto 231 el Intendente municipal decidió crear -ad referendum del Concejo Deliberante- el cargo de Jefe del Departamento de Instrucción Sumarial de las causas por faltas especificadas en el art. 1 del decreto ley 8751/1977 (v. fs. 137/138).
g) Con fecha 8 de febrero de 2002, el Intendente municipal designó al doctor Roberto Eduardo Hygonenq "para que desempeñe interinamente" el referido cargo (v. fs. 139).
V.1. Desde otro mirador debo recordar que en oportunidad de analizar el requerimiento cautelar de la accionante, sostuve mediante la adhesión a la opinión del doctor de Lázzari, que el mismo no reunía los presupuestos que autorizaban el dictado de la tutela anticipada.
En efecto, las constancias acompañadas en aquella oportunidad, que no fueron mejoradas en ésta, no permitían tener por configurado el recaudo de la verosimilitud del derecho allí invocado, desde que el Juzgado de Faltas municipal había sido suprimido por una ordenanza dictada por el Concejo Deliberante de la comuna demandada, el cual tenía atribuciones para tal cometido.
Consideré que no podía visualizarse la configuración de la "desviación de poder" denunciada por la señora Saisi sobre la base de la documentación arrimada, la que demostraba que la accionada había iniciado un procedimiento para juzgar la conducta de la amparista el que concluyó con el archivo de las actuaciones.
Finalmente advertí que el defecto que se atribuía al acto reputado como ilegítimo, no se hallaba acreditado liminarmente si además al cese no le siguió el nombramiento de otro funcionario, sino que hubo un cambio de estructuras funcionales decidido por una ordenanza emanada por el cuerpo deliberativo.
2. Es cierto que a la luz de los antecedentes y de la jurisprudencia reseñada, no existe reproche de ilegitimidad de la ordenanza municipal 2813, en cuanto a la presencia del llamado principio de "paralelismo de las competencias", aspecto que distingue esta causa de los precedentes antes citados y es éste el argumento en que la demandada apoya su afirmación de haber procedido con ajuste a la ley.
Sin perjuicio de ello, también es evidente que el cese de la doctora Saisi en sus funciones no ha sido el resultado del procedimiento que el ordenamiento jurídico aplicable prevé para disponer la remoción de los jueces de faltas (arts. 22 y 23, dec. ley 8751/1977), sino que resultó la consecuencia de la supresión del órgano, cuya titularidad ostentaba.
En este aspecto, la actora denuncia en su escrito postulatorio que los actos que impugna adolecen en grado manifiesto del vicio de "desvío de poder". Advierte que la ordenanza en crisis encubre una finalidad distinta a la perseguida por el ordenamiento jurídico que consiste en la consumación de un "Jury encubierto" y que tal extremo queda demostrado en las actuaciones iniciadas en ese ámbito con el objeto de llevar a cabo el proceso de enjuiciamiento, el que asegura no haberse concretado por ausencia del quorum necesario de los miembros del Concejo Deliberante requerido por la ley.
3. He de allí que la contienda presente dos aspectos diferentes de los que habrá de conocerse. El primero de ellos en cuanto se dispuso la supresión del Juzgado de Faltas comunal, en tanto el restante toca lo relacionado con el cese dispuesto de la señora Saisi.
VI.1. Las razones adelantadas me permiten afirmar que no existen objeciones a la ordenanza 2813/01 en tanto dispuso el cese del funcionamiento del Juzgado de Faltas comunal.
Valoro además que no ha sido acreditada en esta causa la relación entre tal determinación y el cese de la accionante -a través del pedido de remoción en su cargo a la Cámara de Apelaciones en lo Penal del Departamento Judicial Mercedes-, que permita apreciar la presencia de la alegada desviación de poder, como tampoco de la alegada inconstitucionalidad.
Es que, en cada caso en que se reproche al actuar administrativo el desvío del fin, ha de demostrarse la existencia de un propósito distinto de tal obrar, mediante pruebas que evidencien la intencionalidad de extinguir la relación de empleo público (conf. doct. causa B. 55.656, "Mograbi", sent. del 8-VII-1997); onus probandi que recae sobre quien invoca la existencia de una cesantía encubierta, de una reprochable estigmatización o de una violación al principio de razonabilidad en la adopción de la medida de baja (doct. causa B. 57.253, "Rodríguez", sent. del 9-V-2001).
Advierto además que el decisorio del mencionado órgano jurisdiccional señala que la remisión del Concejo deliberante ocurrió el 26-IV-2002, despachándose el archivo de las actuaciones el 4-VI-2002.
2. Determinada, entonces, la regularidad de las decisiones que condujeron a la supresión del mencionado órgano municipal, corresponde analizar los actos administrativos que llevaron a la separación de los cuadros comunales a la señora Saisi
En tal sentido he de recordar que la actora fue designada en el cargo que ostentaba a través de la ordenanza 1602/88 y del decreto 568/1988 como Titular del Juzgado de Faltas de General Rodríguez.
Sin embargo el decreto del Intendente 1097/2001 dispuso el cese de la amparista en sus funciones. Fundó la decisión en la circunstancia de haberse disuelto el respectivo órgano de faltas, reasumiendo tal competencia el titular del Departamento Ejecutivo. Añadió que simultáneamente se había dispuesto la supresión del cargo en cuestión.
Cabe hacer notar, respecto del citado decreto expulsivo que la propia demandada avaló al contestar el informe circunstanciado la decisión de incorporar definitivamente a la actora al Plantel Permanente del municipio, tal como fue dispuesta -en forma provisoria- en la medida cautelar concedida en autos, instrumentada en esa sede mediante decreto 534/2003 (v. Punto III, "d" del informe circunstanciado que obra a fs. 188/201) y expresó desconocer los motivos por los cuales la anterior gestión municipal había adoptado la medida expulsiva.
Por lo demás y a mayor abundamiento, no se me escapa que dicho acto fue emitido sin el dictamen jurídico previo exigido por el procedimiento legal aplicable -ordenanza general 267-, en flagrante infracción al principio del debido proceso que rige el procedimiento administrativo consagrado en el art. 15 de la Constitución provincial y la doctrina que emerge de los arts. 57 y 103 y de la ordenanza general 267/1980 (causa B. 64.413, "Club Estudiantes de La Plata", sent. del 4-IX-2000; entre otras).
He de referir que en las causas "Pizarro" y "D´Angelo" (causas B. 49.871 y B. 49.874, ambas sentencias del 14-IV-1988) -invocadas por la demandada- se hallaba en juego la estabilidad de jueces de faltas que detentaban una investidura irregular en virtud de haber sido designados durante el gobierno de facto, aún así la Suprema Corte -con otra integración-, por mayoría, reconoció el derecho que les asistía a percibir la indemnización que contempló para esos casos puntuales el art. 5 de la ley 10.269/1985.
Más allá de la situación concreta que se presentó a raíz del origen espurio de los nombramientos de aquellos funcionarios, algunos miembros del Tribunal no dejaron de reconocer los principios de estabilidad e inamovilidad que amparan a los jueces de faltas consagrados por el régimen estatutario propio, complementado, a su vez, con las garantías comunes que protegen a los empleados municipales, con arreglo a los cuales consideraron que la cesación a sus cargos sólo podía tener lugar por las causas y procedimientos establecidos en el citado cuerpo legal (v. los votos de los doctores Vivanco y Cavagna Martínez en las referidas causas).
No resulta ocioso destacar que tales garantías no se hallan degradadas por la naturaleza administrativa de los órganos que integran la Justicia municipal de Faltas ni por el hecho de no pertenecer al Poder Judicial, no siendo de recibo el argumento esbozado por la demandada en este aspecto, en tanto ni estas razones ni ninguna otra justifica el quebrantamiento del principio de juridicidad.
Finalmente corresponde incorporar como elemento que coadyuvará al análisis que la ordenanza 2813/01 fue sancionada el día 21-XII-2001 y promulgada el día 28 del citado mes y año. Por su parte el señalado decreto 1097 se encuentra fechado el día 28-XII-2001.
3. Es decir que habiéndose suprimido el cargo que legítimamente ocupaba la amparista, inmediatamente se dictó su cesantía.
4. Debo recordar que, en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires, el art. 11 de la ley 10.430 se refiere a la situación de disponibilidad absoluta en la cual queda un agente cuando un cargo ha sido suprimido como consecuencia de la reestructuración de una dependencia y no podrá ser inferior a doce (12) meses. El agente que se hallare en esas condiciones deberá ser reubicado, en el tiempo que al efecto fije el Poder Ejecutivo con prioridad absoluta, en cualquier vacante de igual clase, si reúne las condiciones exigidas para la misma. En el ínterin no prestará servicios, percibiendo la totalidad de las retribuciones y asignaciones que le correspondan. Si la reubicación no precediere o no resultare posible, cumplido el plazo de disponibilidad, se operará el cese en forma definitiva, oportunidad en la que se acordará una indemnización (arts. 24 y 30, ley cit.; B. 56.364, "Guardiola", sent. del 10-V-2000).
5. Similar procedimiento determina el art. 9 inc. "b" ap. 2 de la ley 11.757.
Interesa señalar que este Tribunal ha admitido la facultad de la autoridad administrativa de disponer -con autorización legal- la prescindibilidad de un empleado por razones de servicio y debida indemnización (siempre que -como acontece en el caso- el empleado se hallase en disponibilidad al momento de dictarse aquélla), facultad que sólo declina cuando dicha declaración importe una cesantía encubierta, un juicio negativo respecto de la conducta del agente o una violación al principio de razonabilidad, supuestos cuya existencia debe ser acreditada por quien impugna la medida (causas B. 50.602, "D'Onofrio", sent. del 15-X-1991; B. 55.099, "Zeballo", sent. del 27-II-1996; B. 54.824, "Vilker", sent. del 5-VII-1996; B. 55.656, "Mograbi", sent. del 8-VII-1997; B. 55.985, "Portela", sent. del 26-V-1999; B. 55.164, "Almandoz", sent. del 30-VIII-2000; B. 57.984, "Peláez", sent. del 9-V-2001; B. 56.994, "Bontempo", sent. del 1-X-2003; B. 54.695, "Vigani", sent. del 4-X-2006 y B. 64.634, "Parisi", sent. del 5-VIII-2009).
VII. Bajo tales lineamientos, con arreglo a los cuales debe juzgarse el proceder estatal, advierto serias deficiencias en el actuar municipal que condujo al cese de la señora Saisi, lo cual merece su descalificación.
En efecto, no existe el dictamen jurídico previo a la emisión del acto expulsivo (doct. arts. 57 y 103 y de la ordenanza general 267/1980, conf. causa B. 64.413, "Club Estudiantes de La Plata", sent. del 4-IX-2000; entre otras).
Asimismo el decreto 1097/2001 dispuso la cesantía, si bien sobre la base de la supresión del cargo resuelto por la ordenanza 2813/01, sin declarar el estado de disponibilidad de la actora, a lo que se debe sumar la ausencia del procedimiento legalmente fijado para ello.
A ello deben añadirse las consideraciones realizadas por el municipio demandado al tiempo de contestar el informe circunstanciado en esta causa, por cuanto desconoció los motivos por los cuales la anterior gestión municipal había adoptado la medida expulsiva.
VIII. Cabe concluir, por tanto, que el decreto referido exhibe vicios de ilegalidad que resultan, en la especie, perceptibles y apreciables aún dentro del marco de conocimiento sumarísimo de la vía intentada por lo que cabe concluir que se configuran los recaudos que tornan procedente a la acción de amparo entablada.
No desvirtúa la solución que propicio la circunstancia de que la actora haya sido elegida concejal titular de ese municipio en las elecciones llevadas a cabo el 14 de septiembre del 2003 y actualmente ocupe dicho cargo electivo -con reserva del cargo que desempeñaba en la comuna en virtud de la medida precautoria dictada en autos- según lo informado por la demandada en su oportunidad (v. punto III, ap. "e" del escrito de fs. 198/201, documentación aportada por la demandada obrante a fs. 209/214) en la medida que tal hecho no importa por sí una manifestación de desinterés de su parte en la continuación de la causa ni torna carente de virtualidad un pronunciamiento del Tribunal al respecto (art. 163 inc. 6 del C.P.C.C.).
Las razones expuestas constituyen argumento suficiente para hacer lugar a la acción de amparo incoada por Griselda Saisi contra la Municipalidad de General Rodríguez, anularse el decreto 1097/2001 y condenar a designar en planta permanente del Departamento Ejecutivo municipal a la mentada agente, a partir del día inmediato siguiente a su cese como Jueza Municipal de Faltas, manteniendo su remuneración y demás condiciones reconocidas para el otrora cargo desempeñado, dentro de los 30 días de quedar firme la sentencia (arts. 14, ley 13.928 y 163 inc. 7, C.P.C.C.).
Con costas a la demandada, por resultar vencida (art. 19, ley 13.928 -texto según ley 14.192-).
Con el alcance señalado, voto por la afirmativa.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
Adhiero al voto del distinguido colega doctor Genoud, sin perjuicio de lo que sostuviera en la causa B. 57.454, "Sebey" (sent. del 1-III-2004).
No observando que el presente caso encuadre dentro de las previsiones de la ley 11.685, resulta aplicable en consecuencia el procedimiento especial de remoción establecido en el decreto 8751/1977, modificado por la ley 10.269 (arts. 22 a 25), el que conforme surge de las actuaciones administrativas fuera soslayado por la autoridad.
En consecuencia, cabe hacer lugar al amparo y declarar la nulidad de la ordenanza municipal 2813 y del decreto municipal 1097/2001, condenando a la demandada a restituir a la doctora Saisi en el cargo de Jueza de Faltas de la Municipalidad de General Rodríguez, medida que deberá hacerse efectiva dentro de los 30 días de quedar firme la sentencia (arts. 14, ley 13.928).
Con costas a la demandada por resultar vencida (art. 19, ley 13.928 -texto según ley 14.192-).
Voto por la afirmativa.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
Por los fundamentos que seguidamente desarrollo, adhiero a la solución propuesta por el doctor Genoud.
1. En lo atinente a la supresión o disolución de juzgados de faltas municipales y, en prieta síntesis, este Tribunal, por mayoría, ha exigido que el mismo órgano habilitado para crearlos (Concejo Deliberante Municipal) sea el que disponga su disolución, aplicando el "principio de paralelismo de las competencias" (conf. doct. causa B. 57.912, "Concejo Deliberante de Coronel Suárez c/ Municipalidad de Coronel Suárez s/Conflicto art. 196 Const. Prov.", res. del 6-V-1997; B. 57.251, "Dragui", sent. de 30-VI-1998, por mayoría; B. 57.454, "Sebey", sent. de 1-III-2004, por mayoría).
En la especie, tal doctrina no ha sido violada, pues la supresión examinada fue decidida por el órgano deliberativo municipal, mas la actora denuncia que en la segregación del cargo de jueza de faltas que ocupaba se ha verificado un supuesto de desviación de poder. Veamos.
2. Desprovista de las mismas notas de generalidad y abstracción asignables a las normas que de ordinario el Concejo Deliberante expide para regular o incidir sobre conductas futuras, la ordenanza 2813, al margen de su forma, modo o procedimiento de sanción, presenta caracteres propios. Por el mayor acotamiento personal y concreción que exhibe, se aproxima a una medida ad hoc (conf. Martínez Carrasco Pignatelli, Concepción, "Naturaleza jurídica de las leyes 'ad hoc'", Madrid, 1995, pág. 72 y ss.), cuya validez, en salvaguarda de razonabilidad y la igualdad jurídica (arts. 16 y 28, C.N.), supone la correcta individualización, como la justificación, de las circunstancias que han llevado a adoptar la medida enjuiciada.
Según surge de las presentes actuaciones, la norma en cuestión tuvo su origen en un proyecto del Departamento Ejecutivo municipal. Allí se brindaban las razones por las que se instaba la supresión del Juzgado de Faltas de General Rodríguez. Entre otras, el Intendente municipal alegó "la imperiosa necesidad de reorganizar la estructura orgánico-funcional de la administración comunal"; el hecho de que el Juzgado de Faltas "no ha satisfecho sus objetivos que inspiraron su oportuna creación"; la necesidad de "reemplazar dicho organismo por otro sistema que permita una más rápida y eficiente administración de la justicia de faltas municipal"; y "la habilitación legal para que el Intendente municipal ejerza la función jurisdiccional en materia de faltas" (conf. fs. 224).
El Concejo Deliberante concordó con la propuesta efectuada por el Departamento Ejecutivo, a tal punto que la parte dispositiva de la ordenanza cuestionada acoge in totum el proyecto oportunamente remitido (conf. fs. 225 y 226).
Pues bien, en los términos señalados, la norma impugnada, en tanto para su emisión se ha respetado el paralelismo en las competencias y ha contado con una explicitación plausible de razones de oportunidad para la supresión del organismo de faltas, no se exhibe susceptible de reproche jurídico.
3.a. Entonces, es necesario examinar si la señalada apariencia de legitimidad de la que goza la ordenanza 2813 ha sido debidamente desacreditada por la actora, sobre quien pesaba la carga de probar la desviación de poder denunciada (conf. doct. causas B. 47.854, sent. de 8-V-1990; B. 55.872, sent. de 20-IV-1999), esto es, demostrar la existencia de un fin distinto al conferido por el ordenamiento jurídico para el ejercicio de la potestad respectiva, mediante pruebas claras y evidentes (conf. doct. causa B. 61.215, "Zocchi", sent. de 1-III-2006), tanto más en la especie, en que la impugnación transita por la vía del amparo, que, como es sabido, exige patencia u ostensibilidad en la ilegitimidad esgrimida (art. 20 inc. 2, Const. Prov.; doct. causas Ac. 75.631, sent. de 21-V-2003; Ac. 86.720, sent. de 22-IX-2004; entre otras). No basta ya practicar el examen limitado que se llevó a cabo al momento de evaluar la procedencia de la medida cautelar (conf. mi voto en el punto 2, aps. b) y c) de la primera cuestión, sentencia de fecha 5-III-2003); es preciso, en cambio, ponderar todos los elementos de la causa que no estaban incorporados al momento de emitirse el pronunciamiento precautorio.
b. Es cierto que el expediente 4050-3161/02 del Honorable Concejo Deliberante da cuenta del impulso que el mentado cuerpo diera a denuncias contra el Juzgado de Faltas (ver también fs. 5/6), remitiendo actuaciones administrativas a la Cámara de Apelaciones en lo Penal del Departamento Judicial de Mercedes en el marco del procedimiento previsto en el decreto ley 8751/1977 (t.o.) (conf. fs. 119/122). Mas de tal documental -sin otra prueba adunada- no puede desprenderse con el grado de certeza ahora exigible que la sanción de la ordenanza 2813 haya importado un procedimiento encubierto de remoción (conf. fs. 15).
Entre los motivos brindados por el Intendente municipal para proponer la supresión del Juzgado de Faltas, ninguno hace mérito de posibles anomalías de funcionamiento constatadas a partir de denuncias. Por el contrario, aquellas razones se ven también reflejadas en la opinión del Intendente ante la prensa local (fs. 8), que aunque resistidas por la amparista, no dejan de trasuntar criterios de oportunidad y conveniencia cuya irrazonabilidad no ha sido demostrada. Para más, la propia sanción de la ordenanza cuestionada desbarata el argumento de la accionante. Si no se obtenía quorum para llevar a cabo el procedimiento de remoción, cómo pudo ser posible alcanzarlo para la adopción de una medida de mayor alcance como lo fue la reorganización de la estructura municipal de faltas.
Las presentes actuaciones lucen desprovistas de pruebas concluyentes que permitan corroborar el vicio en la finalidad denunciado. La conducta posterior del Intendente municipal, en la especie, tampoco las aporta; a lo sumo permite conjeturar sobre una eventual comunión de intereses y fines entre ambos departamentos del gobierno municipal, hecho que no ha sido alegado por la actora ni menos todavía suficientemente acreditado, por lo que no es dable erigirlo en indicio contundente.
c. Tampoco es posible fijar como estándar de validez, a los fines de configurar el vicio aducido, una supuesta obligación de la Administración comunal de nombrar en el nuevo cargo -Jefe de Departamento de Instrucción Sumarial, conf. decreto 231, vide fs. 43/44- a la doctora Saisi; cargo cuyas funciones difieren sustancialmente de las oportunamente asignadas al juez de faltas, en tanto se limitan a la instrucción del procedimiento de conformidad con el art. 52 del decreto ley 8751/1977. Es que tal decisión, que ha importado designar a una persona diferente de aquélla que otrora ostentaba una jerarquía superior, no ha sido cuestionada seriamente en punto a su legalidad. No es posible, entonces, tomar ese parámetro al analizar el planteo de la amparista.
d. Por tanto, ante la ausencia de prueba concluyente de desviación de poder en el órgano deliberativo al dictar la ordenanza 2813, y verificado que fue el acatamiento al principio de paralelismo en la competencia así como la exteriorización de motivos suficientes para sustentar la razonabilidad de la medida adoptada -en atención a la particular configuración y alcance de lo decidido-, concluyo que la decisión del órgano deliberativo no porta un vicio que la torne insanablemente nula.
4.a. La conclusión precedente no obsta, sin embargo, a que la presente acción prospere en cuanto persigue la anulación del decreto 1097/2001 mediante el cual se dispuso el cese de la actora en el cargo y funciones de Jueza Municipal de Faltas (conf. fs. 4).
Es que el mentado acto, a tenor de lo manifestado por la accionada en el informe evacuado en este amparo, ha significado para la impugnante la pérdida de su derecho a la estabilidad en el empleo público (conf. fs. 199 vta./200), y ha desconocido las normas que rigen la situación de agentes públicos frente a supuestos de desaparición de órganos administrativos municipales. Luego, que la pretensión de restitución a un cargo disuelto sin ilegitimidad no deba prosperar, en modo alguno mengua la tutela del derecho constitucional de la actora a la estabilidad en su empleo municipal, conforme a las prescripciones del ordenamiento estatutario vigente que -por las consideraciones siguientes- entiendo aplicable al caso analizado.
b. Desde antaño la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido, bien que en términos generales, que la justicia municipal de faltas no posee las notas propias del Poder Judicial, constituyendo sólo órganos administrativos cuyas decisiones no revisten el carácter de sentencias (conf. C.S.J.N. Fallos 310:674, 1380; 311:334; 326:4087). En similar sentido se ha expresado esta Suprema Corte al resaltar que la índole de las funciones que ejercen y el grado de autonomía funcional con que el legislador los ha dotado, que presenta similitudes con la estrictamente jurisdiccional, no alteran esa calidad de órganos de la administración municipal (conf. causa I. 2214, "Di Mantova", sent. de 16-II-2005).
Por ello, en tanto no gozan de la garantía de inamovilidad con el mismo alcance consagrado en su art. 176, ni es correcto asimilarlos a la condición de jueces, en términos de la Constitución provincial. Obsérvese, en tal sentido, que el ordenamiento constitucional, dando por descontado que no cabe identificar dicho desempeño con un cometido jurisdiccional stricto sensu, habilita a la Legislatura para instituir una instancia especializada de revisión judicial de las resoluciones emanadas de aquellos órganos locales (arg. art. 166, segundo párrafo, Const. pcial.).
c. El diseño normativo dado a los órganos de aplicación del régimen municipal de faltas por el Título III del decreto ley 8751/1977 no altera la directriz arriba señalada.
Los titulares de semejantes órganos son funcionarios municipales que designa el Intendente municipal previo acuerdo del Concejo Deliberante (art. 21). Gozan de estabilidad o inamovilidad en sus funciones (art. 22, primera parte) y están amparados por un régimen especial de remoción para preservar su autonomía (art. 22, segunda parte y sigtes.).
Cierto es que, por lo antes dicho, la ley 11.757 expresamente ha excluido de su ámbito de aplicación a los funcionarios para cuyo nombramiento o remoción las leyes fijen procedimientos determinados (conf. art. 2 inc. "c"), entre los cuales se hallan precisamente los jueces de faltas. También lo es que la vinculación entre los titulares de tales órganos y el municipio presenta rasgos singulares. Mas todo ello no lleva necesariamente a excluir o a desechar de plano la aplicabilidad de algunas normas generales que alcanzan a los funcionarios comunales, en las parcelas no reguladas expresamente por el propio régimen de faltas y en tanto no fuesen incompatibles con la índole de su cometido.
Por ejemplo, pese a que el decreto ley 8751/1977 nada dice al respecto, mal podría postularse que los titulares de un juzgado de esta clase carezcan de los restantes derechos contemplados en el art. 14 y sigtes. de la ley 11.757. Del mismo modo, no sería procedente afirmar, v.gr. que los jueces de faltas están eximidos de cumplir las obligaciones descriptas en el art. 59 de dicha ley o que están habilitados para actuar por fuera de las prohibiciones fijadas en su art. 60.
El mismo decreto ley extiende a esos agentes las reglas que en materia de incompatibilidad rigen para toda clase de funcionario municipal (art. 27, dec. ley. 8751/1977).
Así pues, algunas reglas, ora consagradas en la ley 11.757, ora en otros textos normativos, aplicables al universo de funcionarios locales de base no electiva, pueden alcanzar a los jueces de faltas, mientras que otras, específicas de su cometido funcional, serán desplazadas por exhibir una abierta incompatibilidad con el sentido del régimen previsto en el decreto ley 8751/1977.
c. En la especie, frente a la supresión del órgano donde prestaba servicios la actora, el Ejecutivo municipal debió actuar conforme lo estatuido en los arts. 9 inc. 2, 18 y 24 inc. 2 de la ley 11.757. Al no hacerlo, su accionar violentó la garantía constitucional de la estabilidad y, por tanto, el decreto 1097/2001 devino ilegítimo y ello debe ser declarado por esta Suprema Corte, tal como propicia el ponente.
d. Sin perjuicio de lo anterior, y a los fines de perfilar la condena, importa detenerse en lo afirmado por la Municipalidad demandada a fs. 200, donde se sostiene que: "... [e]ntendemos en el momento del cierre legítimo del Juzgado de Faltas por medio de una Ordenanza dictada por el órgano que la había creado, la titular del mismo debería haber sido incorporada al Departamento Ejecutivo, reconociendo la estabilidad del empleado público, salario y funciones profesionales como abogada. En tal sentido el Intendente Municipal juntamente con la Asesoría Legal entienden que la designación de la Dra. Griselda Saisi a través del Decreto nº 534/2003, en cumplimiento de la medida cautelar dictada en autos, debería transformarse en una incorporación de la misma a la planta permanente del Municipio, reconociendo antigüedad, salario y funciones como profesional".
En función de lo manifestado por la accionada, que supone el reconocimiento al deber que el ordenamiento le impone de respetar el derecho a la estabilidad de la amparista, y dado que ésta no ha manifestado oposición a una solución como la propiciada (conf. fs. 203), me inclino por condenar en autos al municipio a llevar adelante dicha postura (art. 15 inc. "b", ley 7166).
5. En suma, debe hacerse lugar a la acción de amparo incoada por Graciela Saisi contra la Municipalidad de General Rodríguez, anularse el decreto 1097/2001 y condenar al municipio a designar en planta permanente del Departamento Ejecutivo municipal a la mentada agente, a partir del día inmediato siguiente a su cese como Jueza Municipal de Faltas, manteniendo su remuneración y demás condiciones reconocidas para el otrora cargo desempeñado.
Costas a la accionada por resultar vencida (art. 19, ley 13.928, texto según ley 14.192).
Con el alcance indicado, voto también por la afirmativa.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Negri dijo:
I. Coincido con mis colegas preopinantes en orden a que no existe en el caso de autos reproche de ilegitimidad respecto de la ordenanza 2813/2001, toda vez que el Concejo Deliberante de General Rodríguez dispuso la supresión del Juzgado de Faltas en ejercicio de facultades que le son propias (conf. dec. ley 8751/1977, enmendado posteriormente por la ley 10.269).
II. En lo que concierne al acto mediante el cual se dispuso el cese de la doctora Saisi en el cargo municipal (decreto 1097/2001), comparto también la nulidad propiciada en los votos precedentes, en tanto de los antecedentes obrantes en autos ha quedado acreditado que luego de la supresión del juzgado referido la administración local eludió el procedimiento legal específico reglado en el art. 9 inc. "b" ap. II de la ley 11.757, quebrantando de ese modo el derecho a la estabilidad de la actora.
III. Por tales razones, juzgo que corresponde hacer lugar parcialmente a la acción de amparo interpuesta, declarando la nulidad del decreto 1097/2001 y disponer, en consecuencia, la reincorporación de la demandante a la planta permanente de la comuna accionada, con asignación de funciones de rango y remuneración equivalentes a las que cumplía al tiempo del cese.
IV. La circunstancia de coincidir lo aquí resuelto con lo ofrecido por la accionada a fs. 200, no la excluye de ser condenada en costas, en tanto dicho ofrecimiento no resultó oportuno.
Costas a la vencida (art. 19, ley 13.928, texto según ley 14.192).
Con tal alcance, doy mi voto también por la afirmativa.
El señor Juez doctor Hitters, por los mismos fundamentos expuestos por el señor Juez doctor Negri, votó también por la afirmativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
S E N T E N C I A
Por los fundamentos expuestos en el acuerdo que antecede, se hace lugar a la acción de amparo interpuesta con el alcance determinado, por mayoría, en los considerandos precedentes. En consecuencia, se declara la nulidad del decreto municipal 1097/2001 y se condena a la demandada a designar a la actora en la planta permanente del Departamento Ejecutivo municipal, a partir del día inmediato siguiente a su cese como Jueza Municipal de Faltas, manteniendo su remuneración y demás condiciones reconocidas para el otrora cargo desempeñado, medida que deberá hacerse efectiva dentro de los treinta días de quedar firme la sentencia (art. 14 de la ley 13.928).
Cesen los efectos de la medida cautelar dispuesta a fs. 64/72.
Con costas a la demandada (art. 19, ley 13.928 -texto según ley 14.192-).
Por su actuación profesional en autos, regúlanse los honorarios de los abogados de la parte actora, doctores Roque Enrique Ruiz e Ignacio Adrián Sisro, en las sumas de pesos tres mil quinientos setenta y pesos cuatrocientos setenta, respectivamente (arts. 9, 10, 14, 15, 16, 21, 22, 49 y 54, dec. ley 8904/1977), cantidades a las que se deberá adicionar el 10% (art. 16, ley 6716 -t.o. decreto 4771/1996 y sus modificatorias-) y el porcentaje que corresponda según la condición tributaria de los mencionados profesionales frente al Impuesto al Valor Agregado.
Regístrese y notifíquese.



EDUARDO NESTOR DE LAZZARI
HECTOR NEGRI DANIEL FERNANDO SORIA
JUAN CARLOS HITTERS LUIS ESTEBAN GENOUD

JUAN JOSE MARTIARENA
Secretario de 2011.-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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