LA JUSTICIA DESESTIMO LA PRETENSION INDEMNIZATORIA DEL DR. FERRO
En 2008 el Diario Accion denuncio la existencia de un acuerdo por el que la Municipalidad pagaria a Ferro un millon ochocientos mil pesos.
Este acuerdo, firmado por Coronel, fue el primer punto en ser cuestionado por la Comision Investigadora que lo destituyo.

 

Durante una conferencia de prensa realizada el martes 14 de junio, el intendente interino Juan P. Anghileri dio a conocer la sentencia del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Nº 1, a cargo del Dr. Luis Oscar Laserna sobre el juicio que el doctor Santiago Ferro mantiene contra la Municipalidad de General Rodriguez, originado en la destitucion que, como concejal, dispusiera el por entonces intendente Di Landro a mediados de la decada de los '90.

El Dr. Ferro promovio, el 11 de diciembre de 2006, una demanda contencioso administrativa ante la Secretaría de Demandas Originarias de la SCBA, contra la Municipalidad de Gral. Rodríguez, solicitando la anulación de los Decretos nº 597/96 y nº 696/96., y además el resarcimiento de los perjuicios producidos por esos actos.

Como resultado, fueron anulados los decretos mencionados abonando a Ferro la suma de pesos treinta y cinco mil en concepto de indemnización conforme lo decidiera el Superior Tribunal.

Sin embargo, Ferro intento una nueva accion judicial pretendiendo una cuantiosa suma en concepto de "daño moral".

En esta nueva accion, el Dr. Laserna entendio que "resultaba ilogico que una vez firme la sentencia, pretenda el resarcimiento del daño psíquico cuando no lo solicitó en aquella oportunidad... por lo que resulta cierto, mas allá de los montos del reclamo, que habiendo tenido acogida oportunamente, ello impide una nueva revisión en esta causa."

El Dr. Roberto Eduardo Hygonenq, en su carácter de letrado apoderado de la Municipalidad de General Rodríguez, opuso la excepción previa de cosa juzgada, en los términos del art. 35 inc. "e" del C.P.C.A. entendiendo que la anterior sentencia gozaba de la naturaleza de cosa juzgada plena.
Ante esta presentacion, Laserna dio lugar a la excepción de cosa juzgada opuesta por la Municipalidad de General Rodríguez, considerando "Que respecto a la excepción articulada, se tiene dicho que hay cosa juzgada cuando se dan -a semejanza con la litispendencia- los tres presupuestos clásicos: a) identidad de sujetos; b) identidad de objeto; y c) identidad de causa".

Con estos fundamentos, plasmados en la sentencia, el juez Laserna desestimo la pretension del doctor Ferro.

CRONICA DE UN ESCANDALO

A fines del mes de octubre de 2008 el Diario Accion de General Rodriguez revelo, mientras se sustanciaba el juicio que hoy ha concluido con la denegacion de la pretension de Ferro, que entre la Municipalidad de General Rodriguez y el letrado patrocinante de Ferro se habia convenido un acuerdo por el cual la Municipalidad pagaria a Ferro la suma de $ 1.800.000 dando fin al juicio.

Desde el Ejecutivo se desmintio la informacion, negando la existencia de todo acuerdo. Incluso el propio Dr. Hygonenq desconocio publicamente todo trato o convenio con el letrado del Dr. Ferro.

Sin embargo, este diario insistio en la publicacion de la noticia ratificando la informacion con el texto del proveido judicial que explicitaba lo siguiente "En Mercedes, a los 23 días del mes de octubre de 2008, y siendo las 11:30 horas, a los fines de celebrar la audiencia fijada para el día de la fecha en los autos caratulados “Ferro, Santiago M. c/ Municipalidad de General Rodriguez s/ Pretension Indemnizatoria”, la que ha sido fijada a los fines previstos a fs.215, comparece por una parte el Dr. Ismael Ricardo Del Olmo, y por la demandada el Dr. Roberto Eduardo Hygonenq. Abierto el acto por SS, ambas partes expresan que se encuentran en forma extrajudicial, en tratativas para arribar a un acuerdo conciliatorio. Atento a ello, y en virtud de requerir aquellas un tiempo mas para poder concretar el mismo, manifiestan a S.S. que tan pronto lo efectivizen lo acompañaran a la causa, a sus efectos. No siendo para más se da por finalizado el acto, firmando los comparecientes. Doy Fe."

Este convenio fue firmado y avalado por el intendente Marcelo Coronel.

Cabe destacar que al darse a conocer esta noticia el propio representante legal del Municipio solicito a Laserna la "reserva de actuaciones", algo que, naturalmente, fue rechazado.

Se frustraba de esta manera los intentos del Ejecutivo por mantener en secreto el pago de aquella enorme suma para dar por concluido el juicio; un juicio que, de haberse interpuesto oportunamente la "demorada" excepcion de cosa juzgada no hubiera continuado hasta junio del corriente año.

De todos modos y luego de aquel primer convenio, que no prospero, se llego a un segundo "entendimiento", consistente en un "borrador" por el cual establecia el pago a Santiago Ferro de quince cuotas de setenta y dos mil pesos, renunciando el Dr. Ferro a eventuales acciones legales contra la empresa Mastellone Hnos en una causa iniciada luego de la venta, por parte del Municipio, de calles a esta empresa; demanda a la que Ferro sumo, como codemandada a la Municipalidad de General Rodriguez.

El caso es que el primer convenio fue firmado por Marcelo Coronel, sin que su tratamiento haya pasado por el recinto; pero no solo eso, este tipo de acuerdos estan expresamente prohibidos por la Ley Organica de Municipalidades., como lo establece su articulo 159 y aunque luego hayan desistido del mismo.

La gravedad institucional del caso fue el primer punto a cuestionarse sobre el desempeño del hoy destituido intendente Coronel en el informe de la Comision Investigadora.

Sobre las negociaciones resueltas entre la Municipalidad y la actora, la concejal Griselda Saisi habia considerado en su momento que el "juez puede hacer una valoracion distinta, de acuerdo a su sana critica y las pruebas con las que cuente... no podemos atribuirnos la calidad de jueces"

De todos modos, era claro que estas "negociaciones" estan expresamente prohibidas por la ley y que el convenio firmado por Coronel, carecia de valor no solo porque se haya desistido del mismo, sino que se trato, en su momento, de un acto manifiestamente ilegal.

Como si fuera poco, en mayo de 2009 y a proposito del frustrado acuerdo se establecia lo siguiente: "regúlanse los honorarios del Dr. Ismael Ricardo Del Olmo en la suma de PESOS CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL ($ 144.000,00) y por así haberlo solicitado, sin que ello implique expedirse sobre la procedencia de su cobro conforme lo pactado en el acuerdo allegado regulo los honorarios del Dr. Roberto Eduardo Hygonenq en la suma de PESOS CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL ($ 144.000,00) Todo con más el porcentual del I.V.A., si resulta procedente conforme a la situación de los profesionales frente al mismo..."

Al enviar el Ejecutivo el acuerdo al H.C.Deliberante, el bloque oficialista lo rechazo durante la sesion del jueves 24 de abril de 2009.
Fue la primera vez en toda la gestion de Coronel que sus concejales no aprobaban una disposicion de su jefe politico.

Diario Accion, 19 de junio de 2011

 

 
 
 

FALLO COMPLETO

Expte. Nº5103 .-

Autos:"FERRO SANTIAGO MANUEL C/ MUNICIPALIDAD DE GENERAL RODRIGUEZ S/ PRETENSION INDEMNIZATORIA".-

Mercedes, Junio de 2011.

AUTOS Y VISTOS:

Estos autos caratulados “FERRO SANTIAGO MANUEL C/ MUNICIPALIDAD DE GENERAL RODRIGUEZ S/ PRETENSION INDEMNIZATORIA”, expediente Nº 5103, que tramitan por ante este Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Nº 1 del Departamento Judicial de Mercedes, a mi cargo, y de los que

RESULTA:

I.- Que a fs. 136/145 se presenta el Sr. Manuel Santiago Ferro, representado por su apoderado Dr. Ismael R. Del Olmo , promoviendo pretensión indemnizatoria contra la Municipalidad de General Rodríguez, reclamando los daños y perjuicios que le ocasionaron los Decretos nº 597/96 y nº 696/96 ambos del Departamento Ejecutivo Municipal..-

II.- Que, corrido el traslado de ley, se presenta el Dr. Roberto Eduardo Hygonenq, en su carácter de letrado apoderado de la Municipalidad de General Rodríguez, oponiendo excepción previa de cosa juzgada, en los términos del art. 35 inc. "e" del C.P.C.A.

Como sustento refiere que en fecha 11/12/06 el actor promovió demanda contencioso administrativa ante la Secretaría de Demandas Originarias de la SCBA, contra la Municipalidad de Gral. Rodríguez, solicitando la anulación de los Decretos nº 597/96 y nº 696/96., y además el resarcimiento de los perjuicios producidos por esos actos.

Que la SCBA dictó sentencia anulando los Decretos mencionados; y en su consecuencia se procede a abonar al actor la suma de pesos treinta y cinco mil en concepto de indemnización conforme lo decidiera el Superior Tribunal; ello mediante convenio de pago presentado en el expediente B-57.841.

Que por ello resulta ilógico que una vez firme la sentencia, pretenda el resarcimiento del daño psíquico cuando no lo solicitó en aquella oportunidad.

III.- Que a fs. 177 se recibe la excepción a prueba.

Previa celebración de audiencia de conciliación (fs. 216), las partes adjuntan convenio (fs. 219/vta.) y solicitan su homologación.

A tal fin se regulan los honorarios, y se determina la Tasa de Justicia, lo cual resulta apelado por la actora.

Sin que se haya sustanciado el recurso pertinente, no encontrándose firme el auto regulatorio de fs. 221/vta., se presenta el apoderado Municipal manifestando que el convenio no podía llevarse a cabo por carecer de aprobación del Honorable Concejo Deliberante, solicitando su anulación; prestando conformidad con este pedido de anulación el apoderado de la actora, por lo cual se suspenden los plazos procesales.

Posteriormente se presenta el apoderado Municipal, haciendo saber que el nuevo convenio que tramitaban no fue aprobado por el H.C.D.

IV.- Producidas las pruebas, debo resolver la excepción planteada, así como también lo relativo a la regulación de honorarios, que fuera realizada a efectos de la homologación que luego las mismas partes pidieron se dejara sin efecto.

CONSIDERANDO:

1°) Que conforme lo expusiera supra, la regulación de honorarios y el correspondiente pronunciamiento sobre la Tasa de Justicia, se realizó al efecto de proceder a la homologación del convenio presentado.

Que la negativa de las partes a la homologación del mismo, ponen al desnudo la vigencia misma de la resolución de fS. 221/vta., toda vez que el sustento era la base regulatoria que contenía el convenio presentado.

Que ante el pedido -del cual obra conformidad por ambas partes-, no queda mas que proceder a dejar sin efecto el resolutorio en cuestión, ya que carece de sentido mantenerlo vigente, cuando no solo las partes han manifestado su oposición al respecto, sino que ha desaparecido así la base regulatoria -convenio de las partes- que era su sustento. No advirtiendo nada que resulte óbice para motorizar el presente trámite revocatorio.

Por ello, no habiendo adquirido firmeza y por pedido de las partes, corresponde su revisión en esta instancia y ante ello corresponde dejar sin efecto la resolución registrable nº 24/09, lo que así decido.

2) Que respecto a la excepción articulada, se tiene dicho que hay cosa juzgada cuando se dan -a semejanza con la litispendencia- los tres presupuestos clásicos: a) identidad de sujetos; b) identidad de objeto; y c) identidad de causa; no obstante lo cual la doctrina se ocupa de señalar que tales requisitos no son fijados por el legislador, por lo que mas allá de su utilidad para resolver la cuestión, queda todo librado a la prudente apreciación judicial bajo las reglas de la lógica y sana crítica (Conf. Morello, Códigos Procesales, T.IV; Roland Arazi, Curso de Actualización en Derecho Procesal - Cosa Juzgada-, Fundesi, Ed. Rubinzal Culzoni, e ntre otros).

3) No obstante lo expuesto, dichos elementos permiten analizar la cuestión con cierto orden, y posibilitan, en su caso, el ejercicio adecuado del derecho de defensa.

En tal sentido, en el caso de marras, el primer límite subjetivo, es decir respecto a la identidad jurídica de los sujetos del proceso, se encuentra plenamente abastecido, no solo con lo que ambas partes refieren en sus escritos postulatorios, sino de lo que se desprende del fallo que en copia obra a fs. 94/115; que no obstante ser fotocopias simples se corresponden con la sentencia que surge de la MEV, dictada en causa SCBA B- 57.841 conforme informa el actuario en este acto (arg. art. 116 C.P.C.C.); sentencia sobre la cual ambas partes afirman, se encuentra firme y consentida.

Por otra parte, advierto que el derecho reconocido en la sentencia, es el mismo por el cual se motiva esta acción, ya que el límite objetivo pasa por la anulación de los Decretos nº 597/96 y nº 696/96 del Ejecutivo Municipal.; es decir, que el objeto no resulta ser distinto en la presente.

Y por último, analizada la causa petendi, arroja como resultado una identidad respecto a los hechos que dieron sustento a aquella demanda y el fundamento jurídico del derecho que pretendía, y que se vieron abastecidos con la sentencia condenatoria del Superior Tribunal Provincial actuando en instancia originaria.

4) Estimo que la expresión formulada por las partes en el convenio celebrado oportunamente, no resulta, a la luz de la conducta que luego manifiestan las mismas -anulación del convenio-, un obstáculo en un grado tal que impida dar una solución a la litis; aún cuando esta sea distinta a la línea que ambas trazaron -a posteriori-, en detrimento del derecho constitucional de defensa en juicio del que goza la demandada (art. 18 C.N. y art. 15 Const. Prov.).-

Máxime cuando el objeto del fallo es la conclusión última del razonamiento del Juez; y no sus premisas, hechos o estados jurídicos. Es por ello que se dice que la res iudicata es la conclusión última del silogismo judicial.(Calamandrei, P. Estudios Sobre el Proceso Civil).

En el caso, es la anulación de los actos administrativos lo que obra como freno para el avance de la litis; lo que de alguna manera surge de los propios argumentos de la actora.

Ello así, al considerar que uno de los fundamentos de la acción es el pedido de daño moral, circunstancia que -conjuntamente con la anulación de los Decretos mencionados- fuera resuelta expresamente en la sentencia de la SCBA. Por lo que resulta cierto, mas allá de los montos del reclamo, que habiendo tenido acogida oportunamente, ello impide una nueva revisión en esta causa.

Es que según la doctrina, la sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada plena, adquiere dos atributos esenciales: la coercibilidad y la inmutabilidad.

La primera, no resulta necesario desarrollarla, atento al cumplimiento de pago que denunciaron ambas partes; mas la segunda, y que en definitiva es la que sella la suerte de este entuerto, es que que obliga a que ningún otro Juez pueda alterar los efectos de aquel fallo ni modificar sus términos (entre otros, Couture, Fundamentos de Derecho Procesal).

Dicho de otra manera, no puede impugnarse en otro juicio la autenticidad, validez -o en su defecto su anulación, como en el presente- de aquellos actos jurídicos (Decretos nº 597/96 y nº 696/96) los cuales fueron sustento de la sentencia firme; y lo mismo ocurre con los efectos de ese acto, ya que fueron solicitados los daños en la misma acción.

El Superior Tribunal Nacional, dejó establecido que en nuestra legislación positiva, los derechos reconocidos en una sentencia firme dada en juicio de conocimiento pleno quedan incorporados al patrimonio del beneficiario y protegidos por el art. 17 de la Constitución Nacional (CSJN, Fallos: 307:1709, 313:1297, entre muchos). Pero asimismo se encargó de decir que la cosa juzgada, como todas las instituciones legales, debe organizarse sobre bases compatibles con los demás derechos y garantías constitucionales.

De ahí que entren a jugar los derechos de propiedad y garantías del demandado, ya que no reconocer la inmutabilidad de la cosa juzgada, no solo pondría en peligro esos derechos, sino que se perturbaría el orden jurídico haciendo imposible la convivencia social, pues los juicios no tendrían fin.

5) Solo resta evaluar si la totalidad de los reclamos indemnizatorios se hallaban expeditos o forman parte también de la cosa juzgada, ya que el Superior Tribunal acogió solo el rubro daño moral en oportunidad de dictar sentencia en la causa B-57.841. Incluso por haberlo mencionado a fs. 159 al resolver la cuestión de competencia, no obstante lo cual resulta -de mi entendimiento-, que solo se limitó a resolver tal cuestión, mas no en el tema de fondo, como situación que impida al suscripto fallar en sentido distinto.

Es tan así, que respecto al daño moral, conforme expuse supra, y mas allá de su diferente monto reclamado, no corresponde siquiera tratarlo, por haber sido expresamente resuelto en la sentencia aludida.

Y en tal análisis, advierto que respecto a los otros rubros -daño patrimonial y el daño psíquico-, entiendo que también resultan abarcados por la cosa juzgada.

Tengo presente para el daño patrimonial, que el mismo no se reclama por un supuesto distinto que respecto a los Decretos del departamento Ejecutivo anulados, ya que los haberes como concejal, no fueron motivo del acto administrativo que invoca como sustento de la acción.

Advierto así, y por aplicación del principio de congruencia, que el actor solo basa su acción en la nulidad de los Decretos del Ejecutivo Municipal que fueron anulados por la SCBA, mas no cuestiona ni pide anulación del acto administrativo que lo aparta de su cargo de Concejal. Y en tal caso, es de aplicación la doctrina que sostiene que, siendo la anulación del acto administrativo presupuesto necesario para analizar los eventuales daños que el mismo -en su caso- pudo producir, no corresponde analizar los daños y perjuicios solicitados por aquel acto administrativo no impugnado (C.C.A.L.P., causa nº 11416, "Maestri& quot;, sent. del 10-02-11, entre otras).

6) Y no obstante lo expuesto en el considerando anterior, resultan de aplicación a aquel rubro como al pretendido daño psíquico, la doctrina del Superior Tribunal Provincial, construida a partir del fallo "Miner".

En tal precedente, ante un reclamo por las consecuencias dañosas derivadas de la impugnación de un acto administrativo, cierra la posibilidad de reclamar por indemnización de otros daños y perjuicios causados por tal evento.

A semejanza con tal precedente, la actora también demandó la responsabilidad patrimonial ocasionada por el acto ilegítimo. Y ahora nuevamente ejercita la acción por responsabilidad derivada de la actuación ilegítima de la Administración y reclama los daños y perjuicios emergentes del mismo evento.

En voto del Dr. Mercader, queda claramente plasmado que "...la interesada pudo prever el daño y estimar sus consecuencias inmediatas (art. 520, C.C.). No se trata de nuevos daños sobrevinientes. En efecto, al promover la acción por anulación del acto ... solamente las limitó ...al daño moral. Pudo haber propuesto una formulación diferente, ya sea en forma alternativa o de manera indistinta, introduciendo los daños y perjuicios derivados siempre del mismo y único evento causal, pero no lo hizo...El tema de la responsabilidad patrimonial ha sido objeto del proceso anterior. La actora pudo en él proponer la reclamación del perjuicio ahora pretendido y omitió hacerlo. Consecuentemente, concluyo que la cuestión ya fue objeto de análisis y que la autoridad de la cosa juzgada se extiende no solamente a las materias propuestas, sino a las omitidas y aún a las que pudieron proponerse (doctr. "Acuerdos y Sentencias", 1986III136 y 1987I479; B. 51.309, "Berazategui", res. 23VII91)....El replanteo de las consecuencias dañosas que se formula constituye una cuestión sobre la cual la actora estaba perfectamente habilitada para prever en oportunidad del proceso originario. De allí la significación y trascendencia jurídica que le asigno al silencio guardado en aquella acción (art. 919, C.C.)....
(SCBA, Miner, Blanca A. c/ Provincia de Buenos Aires s/ Demanda contencioso administrativa B 50266 S 23-2-1993)".

Por lo cual, entiendo que debe tener acogida la excepción de cosa juzgada. Lo que así decido.

RESUELVO:

1) Dejar sin efecto la regulación de honorarios y el correspondiente pronunciamiento sobre la Tasa de Justicia a que hace alusión la Sentencia Interlocutoria nº 24/09.

2) Hacer lugar a la excepción de cosa juzgada opuesta por la Municipalidad de General Rodríguez, por los fundamentos expuestos en los considerandos precedentes (art. 35 inc. "e" C.P.C.A.).

3) Las costas han de imponerse en el orden causado (art. 51 inc. 1° del C.P.C.A.).-

4) Aportadas que sean las pautas se procederá a la regulación de los honorarios de los letrados intervinientes según corresponda.-

REGÍSTRESE y NOTIFÍQUESE.

Dr. Luis Oscar Laserna, Juez

 
 
 
 


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