FALLO COMPLETO SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Avaló procedimientos y fundamentación destitución Marcelo Coronel

 

B-70973 "CORONEL JORGE MARCELO C/ CONCEJO DELIBERANTE DE GENERAL RODRIGUEZ S/ CONFL. ART. 196 CONST. PROV."
LA PLATA, de 2011.- (Fecha de inicio: 31/05/2010)

A C U E R D O
En la ciudad de La Plata, a de de dos mil once, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Negri, Genoud, Soria, de Lázzari, se reúnen los señores jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa B. 70.973, "Coronel, Jorge Marcelo contra Concejo Deliberante de General Rodríguez. Conflicto art. 196, Const. prov." y su acumulada B. 70.836, "Coronel, Jorge Marcelo contra Concejo Deliberante de General Rodríguez. Conflicto art. 196, Const. prov.".

A N T E C E D E N T E S
I. Jorge Marcelo Coronel, por propio derecho e invocando su condición de Intendente de la Municipalidad de General Rodríguez promueve, en los términos del art. 196 de la Constitución de la Provincia, un conflicto municipal solicitando que esta Suprema Corte declare la nulidad del decreto 447/2010, por el cual el Concejo Deliberante de esa comuna dispuso su destitución en el cargo para el que fuera elegido.
Alega que el Concejo Deliberante de General Rodríguez dispuso aquella medida como conclusión de un procedimiento que, según afirma, resultó violatorio del debido proceso.
En tal sentido, expresa que la Comisión Investigadora no cumplió con el plazo de treinta días que tenía para elaborar su informe, ni observó la exigencia establecida en el art. 250 de la Ley Orgánica de las Municipalidades, en orden a la citación del Intendente con ocho días de anticipación, como mínimo, en su domicilio real, por cédula y con adjunción de copia de las actuaciones cumplidas.
Por otra parte, entiende que el decreto 447/2010 adolece de motivación suficiente y de razonabilidad, toda vez que los argumentos allí expuestos no resultan idóneos para justificar y probar los cargos imputados, ni la proporcionalidad de la sanción aplicada.
Manifiesta que no incurrió en ninguna de las conductas que se le atribuyen, por lo que solicita se anule el decreto que ataca y se disponga su restitución en el cargo.
II. El Concejo Deliberante de General Rodríguez remitió los antecedentes vinculados con el dictado del decreto 447/2010, los que fueron glosados a fs. 106/502.
III. Luego de ello, el Tribunal le confirió traslado de la presentación inicial y, por mayoría, resolvió denegar la medida cautelar requerida por el peticionario.
IV. Por su parte, la Presidenta del Concejo Deliberante, junto con un grupo de concejales de ese Cuerpo, contestaron el traslado corrido, solicitando el rechazo del conflicto (fs. 617/633).
Allí, previo a afirmar que en el procedimiento de destitución se cumplió acabadamente con el debido proceso legal, argumentan en punto a la legalidad y razonabilidad del decreto cuestionado.
V. Corrida la vista a la señora Procuradora General, pide que se agregue la nómina de los concejales que integran el Departamento Deliberativo de la Municipalidad de General Rodríguez y el bloque político al que pertenecen cada uno de ellos (fs. 639).
VI. Cumplido a fs. 644/645 con lo solicitado, emitió su dictamen, propiciando el rechazo del conflicto denunciado (fs. 647/694).
VI. En este estado el Tribunal decidió plantear y votar la siguiente

C U E S T I Ó N
¿Es fundada la presentación por la que se promueve el conflicto?

V O T A C I Ó N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Negri dijo:
I. Efectuada la reseña de los antecedentes de este conflicto, las posiciones de las partes y lo dictaminado por la señora Procuradora General, cabe previamente destacar que la competencia de esta Suprema Corte, establecida en el art. 196 de la Constitución de la Provincia, si bien excepcional y restrictiva, se abre en casos como el presente en los que, por vía de conflicto, se cuestiona la legitimidad de la destitución de un Intendente.
Este Tribunal ha interpretado en numerosos antecedentes que, conforme a la legislación reglamentaria, las decisiones del Concejo Deliberante susceptibles de ser revisadas judicialmente por la vía del conflicto al que se refiere el mentado art. 196 de la Constitución con la expresión "que ocurran en el seno" del Departamento Deliberativo, son aquellas por las que se dispone la suspensión preventiva o destitución del Intendente municipal o de cualquier concejal -excepto que estas decisiones se fundamenten en la comisión de delitos dolosos-, así como también, sólo con relación a los concejales, las que apliquen determinadas sanciones (arts. 263 bis, dec. ley 6769/1958, texto según ley 11.024; doct. causas B. 54.451, "Saric" y B. 54.450, "Zakhem", ambas res. del 9-VI-1992; B. 55.600, "López", res. del 15-II-1994; B. 58.988, "Ríos", res. del 21-IV-1998; B. 63.599, "Agugliaro" y B. 63.564, "Delia", ambas res. del 6-II-2002; B. 63.612, "Mazzieri", res. del 24-IV-2002; B. 68.087, "Lutteral", sent. del 30-XI-2005; B. 69.288, "Fernández", sent. del 4-VI-2008, entre muchas otras).

II. Sentado ello, corresponde analizar las impugnaciones efectuadas por el señor Jorge Marcelo Coronel en su escrito postulatorio.
1. En primer lugar y en lo que se refiere al agravio vinculado con las presuntas violaciones de sus derechos y garantías en el marco del procedimiento llevado a cabo en el ámbito del Departamento Deliberativo, cabe señalar que el art. 249 del decreto 6769/1958 dispone que, a los efectos de juzgar los casos que el mismo artículo establece como infracciones pasibles de destitución, el Concejo Deliberante deberá conformar una Comisión Investigadora, integrada con no menos de una cuarta parte de los concejales y con representación de todos los bloques reconocidos. Ello debe ser decidido por la aprobación de las dos terceras partes del total de los miembros. Esa Comisión tendrá como objeto reunir los antecedentes y elementos de prueba necesarios para la valoración de los hechos, que deberán ser precisamente definidos, todo ello en un plazo de treinta (30) días.
2. Adelanto que, a mi entender, el procedimiento seguido en la especie por el Concejo Deliberante de General Rodríguez no ha sido irregular.
En efecto: de las constancias del expediente administrativo H.C.D. Nº 4050-4180-2010, en el que tramitara el procedimiento que concluyera con la suspensión preventiva y la destitución del Intendente municipal, las reglas impuestas por la norma aplicable se han respetado.
a. La Comisión Investigadora se conformó con la aprobación de las dos terceras partes del total de los miembros del Departamento Deliberativo, según surge del decreto 415 que dispuso su creación -fecha 18-XII-2009- (fs. 130/131), teniendo en cuenta que de un total de dieciséis (16) ediles, la integraron once (11) concejales.
Asimismo, y conforme surge de lo expuesto en el Acta nro. 726 del 18-XII-2009 (v. fs. 118/129) y en la contestación de fs. 644/645, tuvieron participación en su integración todos los bloques políticos.
b. Durante el período dispuesto por la normativa para la recolección de los antecedentes y elementos de prueba necesarios para la valoración de los hechos, el derecho de defensa del señor Coronel fue debidamente respetado al habérsele dado oportuna notificación de las distintas resoluciones adoptadas; otorgándosele un plazo de diez (10) días para que ofrezca y produzca las pruebas que estime útiles a su defensa; teniendo oportunidad de producir su descargo (fs. 389/396).
c. Por otra parte, y tal como lo destaca la señora Procuradora General en su dictamen, en punto al plazo de treinta (30) días impuesto por la Ley Orgánica de las Municipalidades para la actuación de la Comisión Investigadora, existe una contradicción entre lo que esgrimiera el actor en su descargo de fecha 15-II-2010 y lo ahora denunciado en la presentación inicial, ya que en la instancia municipal se agravió de la rapidez con la que se adoptaron las medidas en el procedimiento de investigación y sanción, y en esta sede judicial plantea el vencimiento de los plazos legales estipulados.
Más allá de dicha circunstancia, de las constancias obrantes por cuerda se advierte que los plazos estipulados en el régimen legal aplicable fueron cumplidos por parte del Concejo Deliberante del Partido de General Rodríguez.
d. Así también, la convocatoria a la Sesión Especial -objeto de impugnación por parte del señor Coronel- fue efectuada por medio del decreto 439/2010 del 28-IV-2010, para el día 14-V-2010, con notificación a la parte actora el día 3-V-2010, es decir, con la antelación exigida por el art. 250 de la Ley Orgánica de las Municipalidades.
El requisito, a su vez, fue cumplido respecto a los concejales, quienes de acuerdo a las constancias obrantes en el expediente administrativo (fs. 342/364) fueron notificados con la debida anticipación, concurriendo finalmente catorce de ellos (fs. 498 vta.).
Por otra parte, surge también que la Sesión Especial fijada para el 14-V-2010 fue suspendida por pedido del aquí actor y que con posterioridad se ordenó una nueva convocatoria para el día 20-V-2010, respetándose todas las formalidades impuestas por la Ley Orgánica de las Municipalidades (conf. fs. 408/469).
El señor Coronel tampoco concurrió a esta última, remitiendo al Cuerpo un escrito en el que reiteró los cuestionamientos respecto de la validez de la formación, actuación y desarrollo de la Comisión Investigadora, sin demostrar los agravios o derechos que denunció como afectados.
e. En cuanto al acto que dispuso su destitución, cabe destacar que fue adoptado por la mayoría de trece concejales, con una sola abstención, cumpliendo en un todo con lo establecido en el art. 250 inc. 5º de la Ley Orgánica de las Municipalidades.
En ese contexto, no se observa en el procedimiento llevado a cabo por el Concejo Deliberante de General Rodríguez, una situación que amerite la declaración de nulidad solicitada por el señor Coronel.
3. En orden a la alegada falta de razonabilidad de la medida adoptada, recuerdo -de modo preliminar- que desde mucho antes de que se modificara el texto del art. 264 del decreto ley 6769/1958 por medio de la ley 11.024, esta Suprema corte había señalado que la función judicial que le acuerda la Constitución provincial en orden a la resolución de estos conflictos (actual art. 196), presenta ciertas notas concurrentes entre las cuales se destaca aquella que le impone juzgar acerca de la razonabilidad o la absurdidad de la decisión que lo motiva, teniendo siempre especialmente en cuenta que no se trata en estos casos de rever lo decidido en sede municipal cual si fuese una simple instancia apelativa, sino de ejercer una suerte de contralor excepcional y extraordinario (ver "Acuerdos y Sentencias", 1975-132 y 141; 1984-I-214).
Para llevar a cabo esa tarea, debe ponderarse que las normas que contiene la Ley Orgánica de las Municipalidades que autorizan al Concejo Deliberante a destituir al Intendente municipal o a cualquiera de sus miembros tienen un profundo sentido democrático y republicano y un fundamento histórico constitucional, pues el Concejo Deliberante es el órgano donde esencialmente reside la autoridad municipal y al que cabe reconocer fundamentalmente origen popular (ver Bielsa, Rafael "Régimen Municipal", pág. 98), circunstancias que justifican que sea él quien natural y primariamente controle la labor del Departamento Ejecutivo y juzgue su responsabilidad política (ver "Acuerdos y Sentencias", 1973-II-327, voto del Dr. López Camelo).
En efecto, en estos casos se evalúa y examina la razonabilidad de una trascendental decisión que se adopta ante la existencia de hechos graves que comprometen la responsabilidad política del funcionario. Todo el procedimiento que regla la Ley Orgánica de las Municipalidades, luego de sentar el principio de responsabilidad de los funcionarios municipales, no es otra cosa que un juicio político.
El artículo 249 de la Ley Orgánica de las Municipalidades establece los supuestos y el procedimiento a aplicar en caso de "transgresiones diferentes a las previstas en el artículo anterior" (inc. 1º); "negligencias reiteradas que califiquen de grave la conducta en el ejercicio de sus funciones, lesivas al interés patrimonial del Municipio" (inc. 2º); e "incapacidad física o mental sobreviniente" (inc. 3º).
El Concejo Deliberante de General Rodríguez consideró la conducta del Intendente municipal como susceptible de ser encuadrada en los supuestos previstos en el aludido art. 249 incs. 1º y 2º.
4. En el escenario descripto corresponde analizar si ha sido razonable la valoración del Concejo Deliberante de General Rodríguez respecto de las irregularidades detectadas. A saber:
a. Convenio suscripto sin autorización del Concejo Deliberante para abonar la sentencia de los autos "Ferro, Santiago Manuel c/Municipio de General Rodríguez s/Pretensión indemnizatoria" -expte. nro. 5103- en trámite por ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Nº 1 del Departamento Judicial de Mercedes (expte. adm., 4050-4059, alcances 6 y 13).
El Concejo Deliberante afirma, que se trató de un convenio transaccional suscripto antes del dictado de la sentencia que puso fin al litigio -ver fs. 194/195-, por lo que resultó incorrecto encuadrar la situación en la disposición del art. 119 inc. "a" de la Ley Orgánica de las Municipalidades.
Entiendo que le asiste razón, toda vez que la cuestión debió ser resuelta en atención a lo establecido en los arts. 192 inc. 5º in fine de la Constitución provincial y 25, 31, 32 del decreto ley 6769/1958, en tanto se exige -para la suscripción de un convenio como el aquí analizado- el dictado de una ordenanza por parte del Departamento Deliberativo que habilite su celebración (doct. causas B. 49.956, "Empresa P.B.P." y B. 64.791, "INMAR S.A.").
Ello parece ser reconocido por el mismo Departamento Ejecutivo, quien remitió al Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza que lo autorizara a suscribir el "Convenio Conciliatorio" (ver fs. 104/105 del alcance Nº 6), el cual fue tratado y rechazado en la sesión ordinaria del día 24-IX-2009 (ver comunicación de fs. 106, del mismo alcance).
Sin perjuicio de aquel rechazo, el Departamento Ejecutivo suscribió el Convenio Conciliatorio en cuestión (ver fs. 236/237 del alcance Nº 6) incurriendo de ese modo en la infracción endilgada por el Concejo Deliberante.
b. Como "irregularidad manifiestamente grave" se consideraron a las actuaciones vinculadas con la denuncia efectuada ante la U.F.I. Nº 13 de la ciudad de Luján, respecto de la usurpación del título de Licenciado que el Intendente dijo poseer y del cobro de la bonificación del 20% y de la bonificación por técnico del 10%, por fuera de las disposiciones legales (exptes. adm., 4050-4059, alc. nros. 7, 11 y 17 y 4050-4104 y 4050-4107).
i. Ante la denuncia efectuada por un particular sobre la posible comisión del delito de usurpación de título por parte del señor Coronel, la Comisión Investigadora cursó oficios a las universidades de Belgrano, Morón y Luján (alc. 17).
La primera de ellas comunicó que el "Sr. Jorge Marcelo Coronel, egresó el 30 de noviembre de 1990 de la carrera de corta duración de Administración de Recursos Humanos dictada en la Facultad de Ciencias Económicas dependiente..." de esa Universidad. Se adjuntó, asimismo, copia de la página web de la casa de estudios donde constan las características de esa carrera (fs. 1, expte. adm. 4050-4104), de las cuales se desprende que la misma difiere de la de Licenciatura de Administración de Recursos Humanos.
Por su parte, la Universidad de Morón hizo saber que no constaba en sus registros que el señor Coronel hubiese cursado allí alguna carrera, mientras que, por su lado, la Universidad de Luján, comunicó que el nombrado se había inscripto en la Carrera de Licenciatura en Administración en el año 1984, habiendo aprobado sólo tres (3) asignaturas de su currícula (expte. adm., 4050-4107).
ii. Si bien no se encontró el legajo personal del señor Coronel, obran en las constancias administrativas copias de los recibos de sueldo en las que se advierte que percibió las bonificaciones en cuestión.
En esas condiciones, se encuentra debidamente acreditada la imputación referida a la percepción de un adicional remuneratorio por un título que no se posee y la responsabilidad que en la misma le cabe al peticionario de autos.
iii. Con ello, y las restantes consideraciones efectuadas en el dictamen de la señora Procuradora General -que tengo por reproducidos-, entiendo que lo actuado por el Cuerpo Deliberativo no resulta reprochable.
c. Denuncias efectuadas el día 22-X-2009 por la entidad "Alimentar enseñando", en orden a presuntas irregularidades en el sistema de sorteo para preadjudicaciones del Plan Federal de Viviendas, ubicadas en el Barrio Villa Arrarás del Partido de General Rodríguez (expte. Administrativo, 4050-4059, alcance nros. 2 y 16).
El Concejo tuvo por acreditada la inobservancia de los preceptos legales que ordenaban cubrir los cupos para distintos sectores sociales, requiriendo la elaboración de encuestas en la comunidad y la falta de cumplimiento de los porcentajes y cupos de unidades habitacionales establecidos en el art. 2º del decreto 1345/2009.
Tales imputaciones no pudieron ser desvirtuadas por el Intendente municipal.
d. Se consideró como una irregularidad grave la situación del concejal Ghirardi, quien se desempeñaba como Subsecretario de Gobierno, Educación y Turismo -con licencia como concejal- y habiendo presentado su renuncia al cargo ejecutivo el día 11-XI-2009 le fue aceptada el día 16-XII-2009 (expte. adm., 4050-4059 alcances 3 y 9).
Esta infracción, además de ocasionar un perjuicio patrimonial a la comuna que pudo haber sido evitado, no ha sido debidamente justificada por parte del señor Coronel, quien alegó razones de salud y la situación económica que podría sobrevenirle al señor Ghirardi, por lo que el cargo lo encuentro debidamente probado.
e. Descuentos mensuales compulsivos en el sueldo del Director de Juventud dependiente de la Secretaría de Acción Social de la Municipalidad de General Rodríguez (expte. adm., 4050-4059, alc. 4).
Respecto de esta infracción, advierto que, además de la incorrecta aplicación que efectúa el Concejo Deliberante de la normativa provincial en el ámbito de la comuna de General Rodríguez y de la falta de agravio al erario -que ya destacara la Procuradora en su dictamen-, la aceptación tácita por parte de los sujetos pasivos del descuento -con excepción del señor Graña- es un extremo que debe también ser valorado para considerar que le asiste razón al señor Coronel en este aspecto de su impugnación.
f. El Concejo declaró de gravedad institucional a las negligencias y omisiones injustificadas y reiteradas en los pedidos de comunicaciones aprobadas por el Cuerpo en los términos del art. 108, inc. 7º de la Ley Orgánica de las Municipalidades.
Sobre el punto cabe recordar que esta Suprema Corte ha expresado que, debido al principio de publicidad de los actos que resulta inherente a la forma republicana de gobierno y al principio de jerarquía del órgano ejecutivo municipal, cuyo titular y en principio responsable es el Intendente municipal (arts. 107, 108 inc. 7°, 247, 249 y concs. de la L.O.M.) la Ley Orgánica de las Municipalidades instituyó como deber del Intendente municipal el comparecer a suministrar información al Concejo Deliberante cuando éste lo citase por medio de un decreto dictado con la debida antelación, constituyendo falta grave no concurrir a la sesión o no brindar la información que se requiere.
No se trata estrictamente de una atribución del Concejo Deliberante, sino de una obligación del Intendente y es a éste a quien corresponde suministrar los informes que se le requieran (causa B. 62.928, "Intendente Municipal de Florencio Varela", res. del 7-XI-2001).
Sentado ello, entiendo que la consideración como falta grave por parte del Concejo Deliberante a la negativa del Intendente Coronel a cumplir con la referida obligación, deviene razonable.
g. En las fotocopias del expediente administrativo 4050-4059, alcance 15, constan diferentes actos y decretos del Intendente que según el Comisión Investigadora habrían sustraído competencias propias del Concejo Deliberante. Aquellos son:
i. decreto 202/2008, por el cual se convalida y se tiene por aprobado el Convenio oportunamente suscripto con el Ministerio de Desarrollo Humano de la Provincia de Buenos Aires, en el marco del "Programa Protección y Promoción de Derechos de chicos/as en situación de calle".
ii. decreto 205/2008, que autoriza a suscribir con la firma "S.I.C.O. Servicios Informáticos S.A." un convenio de Asistencia y Soporte EFI-ASIST GOLD.
iii. decreto 355/2008, mediante el cual se convalida y tiene por aprobado el Convenio suscripto con el Ministerio de Desarrollo Humano de la Provincia de Buenos Aires, referido al proyecto de "Prevención y responsabilidad penal juvenil".
iv. decreto 416/2008, que asignó el régimen de cuarenta (40) horas semanales a dos cargos de conducción de maquinarias afectadas a la limpieza de canales viales y se designó a las personas que los desempeñarían.
v. decreto 978/2008, por el que se autorizó a suscribir con la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires un Convenio de Prestación del Servicio de Prevención de la Salud y Control de Ausentismo.
vi. decreto 1174/2008, que asignó el régimen de cuarenta (40) horas semanales y se designó a un agente para que se desempeñe en el cargo de Cajero en el área de Calidad de Vida.
vii. decreto 1222/2008, de creación de la Dirección de Museo Histórico, Biblioteca Pública y Archivo municipal "Enrique Cadícamo" y designación de su director.
Si bien todos estos actos fueros dictados ad referendum de lo que resolviera oportunamente el Concejo Deliberante, se pudo verificar que los decretos 202/2008, 205/2008 y 978/2008 no fueron remitidos al Departamento Deliberativo para que, llegado el caso, los convalidara.
De conformidad con lo establecido en los arts. 41 y 108 inc. 4°, del decreto ley 6769/1958, tales actos requerían una autorización por parte del Concejo Deliberante y no una mera aprobación.
El dictado de un acto o la celebración de un convenio ad referendum de su aprobación por parte del Departamento Deliberativo comunal importa someter su eficacia -es decir la posibilidad de producir efectos jurídicos- a un hecho futuro e incierto (doct. causa B. 57.596, "Vinuesa Sanz", sent. del 21-II-2001), por lo que su ejecución o cumplimiento sin este requisito -o la actuación tendiente a evitar que se configure su aprobación- constituyen una infracción grave, susceptible de originar consecuencias negativas al erario comunal.
h. Designación de una agente de más de cincuenta años de edad, por decreto 1618/2009.
Entiendo que la defensa esgrimida por el señor Coronel respecto de esta infracción luce insuficiente, toda vez que la posterior revocación de la aludida designación a través del dictado del decreto 1765/2009 -29-XII-2009-, no resulta idónea para justificar la ilegitimidad del acto anterior.
5. Finalmente, cabe destacar que si bien ciertas infracciones como la demora en la aceptación de la renuncia del señor Ghirardi (infra punto "d") individualmente consideradas no resultan causas suficientes para la destitución, la valoración de las mismas con otras de mayor gravedad, tal el caso de la falta de autorización para suscribir un convenio (punto "a"), la ilegítima percepción de una bonificación (punto "b") o la sustracción o atribución de competencias propias del Concejo Deliberante mediante la sanción de diversos decretos (punto "g"), configuran un supuesto de graves negligencias reiteradas que ocasionan un perjuicio económico al municipio, situación prevista en el inc. 2º del art. 249 de la Ley Orgánica de las Municipalidades y que razonablemente justifican la calificación practicada por el Concejo Deliberante y la sanción cuestionada.

III. Por todo lo expuesto, y en coincidencia con lo dictaminado por la señora Procuradora General, considero que la destitución decidida por el Concejo Deliberante de General Rodríguez no merece reproches en cuanto a su legitimidad ni a su razonabilidad (arts. 264, decreto ley 6769/1958).
En consecuencia debe desestimarse el conflicto promovido por el señor Jorge Marcelo Coronel.
Voto por la negativa.
En mérito de la cuestión debatida, las costas se imponen por su orden (art. 68, 2º párrafo, C.P.C.C.).
Los señores jueces doctores Genoud, Soria y de Lázzari, por los fundamentos expuestos por el señor Juez doctor Negri, votaron también por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
S E N T E N C I A
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por la señora Procuradora General, el Tribunal resuelve que la destitución decidida por el Concejo Deliberante de General Rodríguez no merece reproches en cuanto a su legitimidad ni a su razonabilidad (arts. 264, decreto ley 6769/1958) y, por consiguiente, desestimar el conflicto promovido por el señor Jorge Marcelo Coronel.
Las costas se imponen por su orden (art. 68 inc. 2º del C.P.C.C.).
Regístrese y notifíquese.



EDUARDO NESTOR DE LAZZARI



HECTOR NEGRI DANIEL FERNANDO SORIA



LUIS ESTEBAN GENOUD



JUAN JOSE MARTIARENA
Secretario

 
 

 

JUSTICIA A DESTIEMPO NO ES JUSTICIA
La Suprema Corte de Justicia dictó sentencia, el último día habil anterior a la finalización del mandato, en el caso de destitución del intendente Marcelo Coronel

Muestra fiel de la "falta o ausencia de justicia" que nos afecta a los ciudadanos de la provincia de Buenos Aires.

En noviembre de 2010 la Procuradora General de la Provincia dictaminó en esta causa y abrió el camino para que cada uno de los Jueces integrantes del Supremo Tribunal emitiera un dictamen o se abstuviera.

La increíble y extrema lentitud de la Suprema Corte de Justicia que tardó poco mas de un año, luego que la Procuradora dictaminó en noviembre de 2010, y dio paso a los Jueces integrantes del máximo organo judicial para resolver en la causa de la destitución de Marcelo Coronel.

 

"El traidor no es otra cosa que un déspota
en apuros, que no puede hacer su voluntad,
sino resignándose a desempeñar un papel secundario."

Tirso de Molina

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-El que es mi reemplazo es el que está interesado porque quiere sentarse en mi lugar. Es la persona que yo tenía de confianza para que me reemplazara...

—¿Lo traicionó?

—Era de mi espacio, era mi primer concejal, se dio vuelta por intereses...

Declaraciones de Marcelo Coronel a Perfil.com, Domingo 28 de Febrero de 2010


En la imagen, el presidente del H.C.Deliberante, Juan Pablo Anghileri, a punto de suceder a Coronel como "intendente interino" luego de haber acompañado la gestión de Coronel durante seis años

 
 

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